Otegi no podrá tener ningún cargo público remunerado

La Junta Electoral de Guipúzcoa resolverá mañana el primer «asalto» sobre si Arnaldo Otegi podrá concurrir como candidato a las próximas elecciones por la coalición radical abertzale Bildu.

La Junta Electoral de Guipúzcoa resolverá mañana el primer «asalto» sobre si Arnaldo Otegi podrá concurrir como candidato a las próximas elecciones por la coalición radical abertzale Bildu. Serán los magistrados de la Audiencia Provincial María del Carmen Bildarraz Alzuri, Jone Unanue Arratibel y Felipe Peñalba, así como la decana del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, Lourdes Maiztegi, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco Iñaki Aguirreazkuenaga los que, una vez que ya disponen de las sentencias de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y el auto donde se estableció en 2021 el fin de la inhabilitación absoluta para ejercer o ocupar cargo público, determinen si pueden encabezar esa candidatura o, como sostienen la Fiscalía y otros partidos, está imposibilitado legalmente para ello. Un auto, y sus consecuencias que, hay que destacar, ni siquiera fue recurrido por el propio Otegi ante el Tribunal Supremo, con lo que en buena forma «se aquietó» al criterio de la Sala de la Audiencia Nacional.

De confirmarse el criterio sostenido desde el inicio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Junta Electoral tendría que declarar que Otegi no puede concurrir a los comicios en el País Vasco que se celebrarán el próximo 25 de septiembre. Pero no sólo eso, sino que, como destacan al respecto fuentes jurídicas, la inhabilitación evita también que Otegi pueda ser nombrado por el próximo Ejecutivo para ocupar ningún cargo público, o, lo que es lo mismo, no recibirá ni un solo euro por ese concepto. Sin embargo, sí podría ser designado por Bildu como «asesor» o con cualquier otro puesto de libre designación que pueden realizar los grupos parlamentarios, ya que en ese caso no se trataría de cargo público. En este último supuesto, sus retribuciones vendrían de las subvenciones que recibiría Bildu en función de los resultados electorales.

En todo caso, la decisión de la Junta Electoral no será más que el primer paso en una resolución que se aventura que no tendrá carácter definitivo, ni mucho menos. De hecho, todo hace prever que serán los once miembros que integran actualmente el Tribunal Constitucional los que, previsiblemente, tengan la última palabra sobre si Otegi volverá de nuevo a ocupar un escaño en la Cámara de Vitoria, en una decisión que, en su caso, debe adoptarse antes del 9 de septiembre, fecha en que da inicio la campaña electoral.

Todo hace indicar que el fallo que adopte mañana la Junta de zona será recurrido ante la Junta Electoral Central por cualquiera de las partes legitimadas –la candidatura y candidato afectado, Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado o cualquier otra candidatura–. Esta Junta es el órgano superior de la Administración Electoral y está integrada por ocho vocales del Tribunal Supremo y otros cinco catedráticos. El presidente actual es el magistrado Carlos Granados. Entre sus competencias están las de resolver los recursos contra las decisiones de la Junta Electoral de zona y es el último escalón administrativo en materia electoral.

Sin embargo, al tratarse de una cuestión que afecta a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en concreto el relativo a la participación en la vida política, sus decisiones son impugnables ante el Tribunal Constitucional. En estos casos, el Alto Tribunal sigue un procedimiento de especial «rapidez» en las resoluciones que afectan a cuestiones electorales, por lo que los plazos para presentar alegaciones se reducen de forma notable. Sobre la resolución que podría adoptar el TC, fuentes jurídicas coinciden en que con la sentencia de la Audiencia, donde se establece para Otegi una inhabilitación absoluta durante 10 años y el auto donde se fijaba en 2021 la cancelación de esa pena, es más que improbable que se permita a Otegi presentarse como candidato a lendakari en las elecciones vascas. «La sentencia es clara y la inhabilitación a la que está sometido le impide concurrir», afirman al respecto las fuentes consultadas.