El TSJ de Murcia cita como investigado a Pedro Antonio Sánchez por «Púnica»

El juez le interrogará sobre los contratos de reputación online con el conseguidor De Pedro.

El ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez tendrá que declarar como investigado el próximo 6 de junio en el Tribunal Superior de Justicia autonómico por concertarse supuestamente en 2014, cuando era consejero murciano de Educación, con el «conseguidor» de la «trama Púnica» Alejandro de Pedro para mejorar su reputación online a cambio de adjudicar a algunas de sus empresas contratos de formación. En una resolución del pasado día 17, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia aceptó la competencia para investigar a Sánchez por fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del «caso Púnica», elevase a este tribunal el pasado 3 de abril, en contra de la Fiscalía, una exposición razonada con los indicios contra el entonces presidente de Murcia (dimitió al día siguiente a consecuencia de la decisión del magistrado), aforado ante el TSJ murciano.

En un escrito remitido ayer al tribunal superior a través de su abogado, poco antes de que se hiciera pública su citación como investigado (denominación procesal de los antiguos imputados), Sánchez (que también está imputado en el «caso Auditorio») trasladó al instructor, el magistrado Enrique Quiñonero, su deseo de prestar declaración voluntariamente para «aclarar cuantos extremos sean necesarios ante la inexistencia de conducta punible».

El contrato con De Pedro para mejorar la reputación online de Pedro Antonio Sánchez (entonces inmerso en la carrera por la sucesión del entonces presidente murciano Ramón Luis Valcárcel) no llegó a firmarse, según el juez Velasco por el estallido del «caso Púnica» en octubre de 2014.

En su exposición razonada, Velasco defiende que la actuación supuestamente delictiva se habrían consumado porque el fraude se comete con el «mero acuerdo o concertación» y para el cohecho basta el mero «ofrecimiento» de servicios personales evaluables en dinero (la mejora de su imagen en internet) a cambio de una actuación administrativa (retribuir esos trabajos con contratos de formación). En cuanto a la revelación de información, se habría cometido al trasladar a la empresa de De Pedro las «intenciones de contratar».

Según expuso el juez Velasco en el escrito remitido al TSJ de Murcia, ante la acumulación de noticvias negativas sobre su reputación, «algunas de ellas vinculadas a aspectos de corrupción urbanística» (el «caso Auditorio», en el que resultó imputado el pasado abril por supuestas irregularidades cuando era alcalde de Puerto Lumbreras), el entonces presidente autonómico se habría concertado con De Pedro y su socio, José Antonio Alonso, para «limpiar» su imagen on line y optar a ser el candidato del PP a la presidencia regional. De hecho, en un informe De Pedro concluyó que el 70 por ciento de las informaciones que en esas fechas circulaban por internet relacionadas con su persona hacían referencia al «caso Auditorio».

Los costes de esos trabajos (4.600 euros al mes durante siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015) incluían también trabajos de mejora de la reputación en la red de la ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro pero, recalcaba el magistrado de la Audiencia Nacional, no se iban a pagar con «su dinero particular».