«Persona non grata»

Su gestión en la «Ley del carbón» le llevó a continuos enfrentamientos con Castilla y León. Las prospecciones petrolíferas en Canarias o el cierre de las nucleares, los otros motivos de polémica

José Manuel Soria nunca fue una persona bien recibida en Castilla y León. El conflicto de la minería le enfrentó desde el primer día con el Gobierno de Juan Vicente Herrera y con la sociedad castellano y leonesa. La pésima gestión que hizo de este problema, al no cumplir con las promesas dadas y la Ley del Carbón, provocó que, incluso, el Ayuntamiento de la localidad leonesa de La Robla le declarara «persona non grata». El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tuvo diversos enfrentamientos dialécticos con el exministro, al que acusó de «desconocer la realidad del sector» y de «no tener casi ningún sentimiento por el carbón». En numerosas ocasiones el jefe del Ejecutivo autonómico le exigió «el impulso urgente de todas las medidas y ayudas previstas y firmadas en el Marco de Actuación para las cuencas mineras 2013-2018» para salvar a un sector que comenzó a desangrar el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que lo colocó en la UVI la inoperancia de José Manuel Soria. Herrera lamentó que el ministro de Industria «nunca haya confiado en la Junta de Castilla y León» y que «no haya tenido en cuenta ni las cartas remitidas ni las continúas reuniones celebradas sin acuerdo para salvar al sector». «No nos escucha, no has hace caso» se reiteraba desde la Administración regional. Muy contundente también fue el consejero de la Presidencia, y en ese momento portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien exigía una «respuesta inmediata» del Estado para la minería, e incluso señalaba que el Gobierno regional «no está conforme con el ministro Soria y su equipo». Su predecesora en el cargo, Rosa Valdeón, insistía en que la viabilidad del sector del carbón estaba en que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo cumpliera con el Plan del Carbón. Por este motivo, insistió en que José Manuel Soria debía dimitir por «el daño que estaba haciendo, no al PP, sino a todo el conjunto de la sociedad». Tal es el perjuicio provocado por el ya exministro, que puso en riesgo la victoria del PP en las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo de 2015. Las cuencas mineras «castigaron» al PP con la pérdida del 40% de los votos en esos municipios y tres escaños en las Cortes regionales por la provincia de León. Localidades que durante las últimas horas celebraban alborotadas la dimisión del ministro que más desencuentros e ira ha causado entre los castellanos y leoneses.

Otra de las grandes polémicas en las que se vio involucrado Soria fue en su tierra, Canarias. Una gestión en las prospecciones petrolíferas que grupos ecologistas rescataron ayer, catalogándola de «desastrosa». Se trata del impulso de las exploraciones en busca de gas y petróleo, liderada por Repsol, y que se cerró en 2015 sin éxito. No menos criticable para estos grupos fueron los incentivos fiscales al «fracking», técnica de extracción de gas y petróleo que no se ha aplicado aún en España, pero que trajo mucha controversia por los efectos medioambientales. La apuesta del ex ministro por la búsqueda de gas y petróleo fue paralela a la no inversión en energías renovables. «Ha fomentado todo tipo de energías sucias y ha trabajado a favor de los lobbys energéticos», considera Carlos Bravo, portavoz de la Alianza Mar Brava.

Los grupos de PSOE, Podemos y C’s están unidos en la petición de cerrar las centrales nucleares en España, asunto que el ya ex ministro siempre ha negado por la consecuencia de un notable aumento en el recibo de la luz. Sus medidas para evitar la quiebra del sistema eléctrico español, lastrado por el déficit de tarifa, se resumen en un coste de 900 millones de euros para los contribuyentes, una subida del 3,2% en el precio de la luz y un recorte de 2.700 millones para el sector, principalmente, con una reducción de las subvenciones a las energías verdes. Lo que provocó una oleada de reclamaciones por parte de las empresas afectadas e inversores internacionales, pero el sistema eléctrico arrojó un superávit de 500 millones en 2014, cifra que podría alcanzar los 900 millones en 2015. La Asociación de Internautas aseguró ayer que «no se echará de menos» a Soria, porque en materia de comunicaciones dejó que el «mercado funcionara con una mano delante, y otra detrás».

También tuvo que hacer frente al fracaso del almacén de gas de Castor, que supuso medio millar de terrremotos pequeños en la fase de puesta en marcha. El Ejecutivo aprobó una indemnización de 1.350 millones de euros.