Piden imputar a una diputada del PSC por malversación

El fiscal ha pedido a la juez que investiga el «caso Mercurio» que eleve una petición al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que impute a la diputada del PSC Montserrat Capdevila, por pagar desplazamientos privados a Madrid con una tarjeta del Parlament,

El fiscal ha pedido a la juez de Sabadell (Barcelona) que investiga el caso Mercurio que eleve una petición al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que impute a la diputada del PSC Montserrat Capdevila, por pagar desplazamientos privados a Madrid con una tarjeta del Parlament, informa Efe.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell acuerda abrir una pieza separada sobre esta causa, antes de decidir si, como le pide el Fiscal Anticorrupción, formula una exposición razonada ante el TSJC para que impute a Capdevila, que goza de la condición de aforada.

La petición del fiscal parte de un informe de los Mossos d'Esquadra, a raíz del seguimiento al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, en la que se comprobó que el exdirigente socialista efectuó entre mayo y septiembre de 2012 varios viajes a Madrid acompañado por Capdevila, que entonces era concejal de Servicios Centrales de Sabadell -cargo del que dimitió en septiembre pasado-.

Según el informe policial, pese a que Capdevila acompañaba a Bustos por asuntos "de carácter privado entre ambos", sufragaba los desplazamientos a Madrid a cargo de la Visa del Parlament de Cataluña, que tiene como diputada.

El fiscal aprecia así indicios aparentes para que Capdevila sea imputada por malversación de fondos, decisión que correspondería adoptar al alto tribunal catalán dada su condición de aforada. Por este motivo, el fiscal anticorrupción ha pedido a la juez de Sabadell que remita el caso al TSJC.

La juez admite en el auto la "apariencia delictiva"de estos hechos, al entender que la tarjeta de titularidad del Parlament de la que era usuaria Capdevila estaba limitada a los gastos inherentes y derivados de su actividad como diputada.

Como estos hechos no guardan ninguna relación con la macrocausa Mercurio -una supuesta trama de corrupción urbanística- la juez acuerda abrir una pieza separada para investigar a Capdevila por malversación de fondos, en la que incluyen las grabaciones de las conversaciones telefónicas intervenidas.

Una vez abierta la pieza separada, la juez resolverá sobre la petición del fiscal de que formule una exposición razonada ante el TSJC para pedir la imputación de Capdevila.

En una apunte en su blog, Capdevila ha asegurado hoy que nunca ha cometido ningún acto ilícito en el ámbito de sus responsabilidades y ha denunciado que se han "torcido"los instrumentos jurídicos del Estado de Derecho para desestabilizarla "personal y políticamente".

"Estos métodos me producen la máxima repugnancia y asco", subraya Capdevila en su blog, en el que sostiene que sólo ve en este proceso una intención de desacreditarla.

La diputada socialista apunta además que existe un "vacío normativo"sobre la regulación del uso de la tarjeta de Renfe (en el auto se habla de tarjeta Visa), ya que no se ha establecido ningún mecanismo para justificar los gastos.

No obstante, y pese a reiterar que está convencida de que no ha hecho ningún uso ilícito de la tarjeta, la diputada desvela que el pasado 8 de noviembre reintegró el importe íntegro de los gastos desde que el Parlament se la entregó.

"La ofensiva que se ha desplegado en mi contra resulta intolerable en cuando a dignidad, por lo que sería razonable que se hiciera una fiscalización universal, igual que la que yo he sufrido, y en último lugar una precisa regulación del uso de la tarjeta", insiste Capdevila.

Según la diputada, con la "excusa"de investigar el uso que ha hecho de esta tarjeta, se ha cometido una "intolerable invasión"en su vida personal, "en un casi indisimulado propósito de buscar el descrédito político e incluso la destrucción política y personal".

En otra pieza separada del caso Mercurio, el TSJC mantiene imputado al también diputado del PSC Daniel Fernández por presuntamente presionar, junto a Manuel Bustos, a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), la también imputada Maria Elena Pérez (PSC), para que contratara a una exalto cargo del tripartito.