El plan para el "simpa" de Corredor

El apagón ha dejado ver nuestra vulnerabilidad tecnológica, pero también ha puesto el foco en la debilidad del Gobierno para gestionar una crisis de primer orden. Un Gobierno en crisis, con un Consejo de Ministros que es una batalla electoral entre dos partidos, y que parece estar más centrado en protegerse que en proteger los intereses de los ciudadanos.

Todos los pasos que ha ido dando desde el lunes, superponiéndose o rectificándose, tienen en cuenta la necesidad de desviar responsabilidades políticas, pero, ante todo, la advertencia de los servicios jurídicos sobre el alcance de la factura de millones de euros que hay en juego.

Las responsabilidades penales seguirán su curso, y las responsabilidades patrimoniales, el suyo propio. Fuentes del sector eléctrico explican a este medio que «ya están recibiendo reclamaciones millonarias de empresas afectadas». Pero esto es solo el principio de una gran causa a la que se sumarán «las reclamaciones de miles y miles de ciudadanos, y también de instituciones».

"Construir las pruebas"

Los operadores privados, tras estudiar los movimientos que está dando el Gobierno, empiezan a maliciarse que lo que busca, en el peor de los casos para su propio beneficio, es que las responsabilidades sean compartidas entre Red Eléctrica (REE) y los operadores privados. En ese plan, comentan las fuentes consultadas, «se nos está dejando claro que el Gobierno se ha puesto de parte de REE y están buscando construir las pruebas para poder colocarnos a todos en el mismo saco».

Ahí sitúan el juego de construir un relato sobre la base de que las eléctricas se niegan a colaborar y que por eso ha sido necesario echar mano hasta de los servicios secretos (¡con lo que arma un titular que dice que el Gobierno manda al CNI a Iberdrola y a las demás compañías...!), además de a los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC) y del Consejo de Seguridad Nacional para aclarar qué pasó en la Red Eléctrica.

En estas sospechas encaja la manivela que está moviendo Moncloa para que cale en el imaginario popular la idea de que las compañías privadas no están colaborando en esclarecer lo que ocurrió el lunes pasado, pero que ellos, ese Gobierno Robin Hood que el presidente del Gobierno estimula para mejorar su aprecio entre la ciudadanía, sobre todo entre su votante de izquierdas, no dejará que doblen el pulso al interés general.

Moncloa está haciendo circular que los controles de REE dependen de los operadores privados

Por su parte, la defensa de las compañías eléctricas está también armándose para responder a una guerra en la que entienden que la «criminalización» del Gobierno no solo es una amenaza en cuanto a la responsabilidad patrimonial por los daños causados por el corte general de luz, sino que también se deriva en un importante coste reputacional a nivel internacional que daña igualmente sus intereses económicos.

En lo que tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos, de momento los técnicos ya han señalado que se produjeron esas dos oscilaciones del flujo de potencia en el sudoeste de España. La primera fue de tensión y se logró amortiguar, pero la segunda, ni dos segundos después, ya no se pudo ni siquiera aislar para que los efectos fueran solo locales.

El Gobierno, a ganar tiempo

Esto es lo que hizo que cayera en cascada la generación de energía. Es necesario saber cuál fue su origen y por qué no se pudo aislar. Desde los servicios jurídicos de una de las grandes eléctricas señaladas por Moncloa recuerdan que las operadoras privadas son responsables de controlar esas oscilaciones, pero que REE lo es de aislar el sistema cuando la situación se desequilibra. El Gobierno está haciendo circular que REE no puede cumplir con sus obligaciones si las compañías no cumplen con unos requisitos básicos para que puedan ser efectivos sus controles. El reparto de culpas está en marcha, con la Comisión Europea convertida en otro agente con su propia investigación.

En este marco, al Gobierno le viene bien ganar tiempo. Siempre habrá otra polémica que se cruce por medio, las responsabilidades políticas se diluirán, y, además, prevén anunciar una batería de mejoras para el que decían que era uno de los mejores sistemas eléctricos a nivel global, y que es posible que no se ejecuten nunca por las mayorías en el Congreso. Pero esto último no importa porque el anuncio tiene valor en sí mismo, o eso creen en La Moncloa, para rebajar la presión que acosa al Gobierno.

Respecto a las nucleares, desde el Ejecutivo de coalición no se moverán ni un milímetro, pero en esta batalla que mantienen la izquierda y la derecha también hay que valorar que el cierre de las nucleares tiene como fecha el año 2035, con la excepción de Almaraz, en Extremadura. Y hasta entonces los técnicos aseguran que se habrán producido tantos cambios tecnológicos que el debate actual habrá quedado sin sentido. «Hoy lo dirigen las ideologías y los intereses económicos», sentencian ante el pulso político y parlamentario que mantienen Gobierno y principal partido de la oposición.