Tribunales

Plantón de Montero: fracasa el intento de conciliación para frenar la demanda del novio de Ayuso contra la vicepresidenta

González Amador considera que vulneró su derecho al honor al afirmar que la presidenta madrileña vive en un piso "que se pagó con fraude a la Hacienda Pública"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la toma de posesión de Salvador Illa
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEPEP

El acto de conciliación entre el empresario Alberto González Amador y la vicepresidenta primera María Jesús Montero, a raíz de la demanda del novio de Isabel Díaz Ayuso contra la ministra de Hacienda por asegurar el pasado 12 de marzo en el Senado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública" -en referencia a la investigación por fraude fiscal a González Amador- no ha podido llevarse a efecto.

La representación de la ministra -que asume la Abogacía del Estado- no ha comparecido finalmente, según fuentes jurídicas, en el Juzgado de Primera Instancia número 49 -donde estaba convocado este acto para intentar frenar las acciones judiciales-, lo que abre la puerta a que el empresario presente formalmente su demanda por vulneración al derecho al honor ante el Tribunal Supremo (TS), donde Montero está aforada.

Según esas mismas fuentes, a la convocatoria sí ha acudido el procurador del empresario (a los actos de conciliación no están obligados a acudir, y no suelen hacerlo, ni los demandantes ni los demandados, sino sus representantes legales). Pero al no comparecer la otra parte, el acto de conciliación se ha visto frustrado.

González Amador reclama a la vicepresidenta primera de Pedro Sánchez 40.000 euros de indemnización y que rectifique públicamente, algo que hasta el momento no ha hecho María Jesús Montero.

El empresario, imputado por un supuesto fraude tributario de 350.000 euros, se querelló contra dos fiscales de Madrid por revelación de secretos después de que el Ministerio Público hiciese pública una nota en la que detallaba las negociaciones con su defensa para alcanzar un acuerdo de conformidad a cambio de que reconociera el delito fiscal. Esa denuncia (que ya se ha archivado respecto a uno de los dos fiscales) terminó salpicando al fiscal general del Estado, que asumió la responsabilidad última del comunicado que pretendía, insistió, hacer frente a los "bulos" sobre el papel de la Fiscalía en esos contactos para cerrar el pacto.

Hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dejado en manos del Tribunal Supremo la imputación de García Ortiz, al ver indicios de delito en su actuación. Por ahora, el alto tribunal aún no se ha pronunciado, pero la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, "número dos" de García Ortiz, ya ha informado en contra de que se le investigue por estos hechos, cerrando filas con la versión de su superior.

Fue en ese contexto en el que se produjeron las palabras de Montero que González Amador considera injuriosas, cuando la vicepresidenta instó a Isabel Díaz Ayuso a que diese "explicaciones" y actuase con "absoluta transparencia" aclarando "si efectivamente como se ha publicado en los medios de comunicación está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".

La vicepresidenta calificó de "llamativo" que la presidenta madrileña "tenga un hermano y ahora un novio" (la investigación de Anticorrupción por el cobro de comisiones en el suministro de material sanitario en pandemia a la Comunidad de Madrid terminó archivándose) "que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión".