A última hora de la noche saltaba la noticia: Junts y el PSOE llegaban a un acuerdo para la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña. Y la reacción de los policías nacionales no se hacía esperar, ya que consideran "inaceptable que el Gobierno de España, con la complicidad de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siga regalando competencias fundamentales del Estado a cambio de favores políticos".

Desde el sindicato policial JUPOL muestran su "absoluto rechazo y profunda indignación" ante el "bochornoso acuerdo" alcanzado entre el PSOE y Junts para la cesión de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Un acuerdo que, a su juicio, no es sino otro "ataque frontal al Estado de Derecho", una vulneración flagrante de la Constitución y un paso más en el "desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña".

En este sentido, denuncian que nos encontramos ante una nueva maniobra para "erradicar" a la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña, una estrategia de desmantelamiento que comenzó hace años y que ahora se acelera con esta cesión. En la actualidad, una de las principales funciones de la Policía Nacional en esta comunidad es la gestión de extranjería, por lo que "su traspaso a la Generalitat supone un ataque directo a nuestra labor y una rendición vergonzosa ante el separatismo", argumentan.

Marlaska, "cómplice de este despropósito"

La inmigración y el control de fronteras, recuerdan desde este sindicato, son competencias exclusivas del Estado, tal y como establece la Constitución y la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas", poniendo "en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional". Y en este punto, JUPOL denuncia la dejadez de los máximos dirigentes de la cúpula policial, ministro del Interior y director general de la Policía incluidos, por no salir en defensa de las competencias de la Policía Nacional.

Desde este sindicato anuncian que ya se estudian "todas las vías legales disponibles para frenar esta nueva cesión ilegal". Una decisión que también tomaron los miembros de la Asociación de la Guardia Civil JUCIL, con la decisión de transferir sus competencias de Tráfico en Navarra. "No vamos a permitir que se pisoteen nuestros derechos ni que se vulnere la legalidad vigente en beneficio de los intereses políticos de unos pocos", subrayan.

Por otra parte, desde el sindicato apuntan directamente a Marlaska. Exigen explicaciones inmediatas al ministro del Interior y su dimisión por su "absoluta incapacidad para defender a los Cuerpos de Seguridad del Estado y por ser cómplice de este despropósito". Si el Gobierno sigue cediendo ante los separatistas, añaden, el precio lo pagarán todos los ciudadanos, con un país cada vez más fragmentado y con una seguridad en riesgo.

"No nos callaremos, no nos rendiremos y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para revertir esta vergonzosa traición", concluyen desde JUPOL.

Los agentes, "moneda de cambio" del Gobierno

Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) también ha querido mostrar su rechazo ante el citado acuerdo entre PSOE y Junts sobre el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. A su juicio, "esta medida choca frontalmente con el marco legal vigente", ya que la competencia en materia de inmigración es exclusiva del Estado y está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Desde esta asociación recuerdan que el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son funciones esenciales del Estado que "no pueden ser objeto de mercadeo político". Por todo ello, denuncian que "la seguridad no puede ser moneda de cambio en pactos políticos" ni puede ponerse en riesgo la unidad de acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un ámbito tan sensible como la inmigración.

Desmantelamiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña

No son los únicos, desde la asociación de la Guardia Civil JUCIL anuncian que defenderán por todos los medios a su alcance la presencia del Instituto armado en Cataluña en el marco de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y es que, a su juicio, el último acuerdo entre Gobierno e independentistas, supone de facto "el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en esta parte del territorio nacional".

De hecho, destacan que aunque el documento firmado por ambos partidos se habla de "delegación de competencias", también señala que "en materia de inmigración, Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español". La asociación insiste en seguirá defendiendo la competencia de la Guardia Civil sobre el resguardo fiscal del Estado, así como la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras, puertos, aeropuertos y los espacios marítimos en los que España ejerce soberanía y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular.

No obstante, subraya que, a pesar de las reiteradas solicitudes de información previas, tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat han mantenido una gran opacidad sobre este asunto, lo que ha generado mucha inquietud en el seno de la institución y de los agentes afectados.