El PSOE estudia someter la amnistía al aval de las bases

«Nada ha cambiado». El PSOE y el Gobierno mantienen su hoja de ruta de cara a la investidura, pese a que Carles Puigdemont encareciera el precio de su apoyo el martes desde Bruselas. Lejos de cundir la preocupación, en Moncloa encuadran las exigencias del expresident catalán en las «posiciones de máximos» de las que parte toda negociación y se muestran optimistas sobre la evolución de las conversaciones. En primer término, porque su declaración no supuso una voladura de puentes, sino que demuestra su disposición a seguir participando en el «juego político», después de meses de boicot y posiciones de bloqueo.

La tarea en la que se han afanado los socialistas en las últimas semanas, más allá de avances concretos, ha consistido en tratar de tejer una relación de confianza entre las partes, inexistente con Junts hasta la fecha. En segundo lugar, en el entorno de Pedro Sánchez hacen hincapié en lo que no dijo Puigdemont –más que en lo que puso sobre la mesa–. Entre las omisiones destacadas de su discurso estaba la materialización efectiva del referéndum. Una línea roja para el Gobierno, dado su inexistente encaje legal. Por todo ello, ven margen para el diálogo y también para que dé sus frutos.

En paralelo a la preparación del pacto está, y no es menos importante, su envoltura. La creación del marco para presentarlo, una vez se logre su consecución. En Moncloa son conscientes de que algunas decisiones como la concesión de los indultos o las reformas de la sedición y la malversación en el Código Penal no se explicaron en tiempo y forma en el pasado y esa pedagogía es la que no va a faltar ahora. Desde hace semanas se prepara el terreno, recurriendo a discursos que animan a «pasar página» definitivamente de la «fractura» de 2017, apelando a giros retóricos como el «alivio penal» para referirse a la amnistía, trasladando el debate jurídico sobre su encaje legal a la opinión pública y publicada o dejando la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.

En el Gobierno consideran que los resultados del pasado 23J les otorgan la legitimidad suficiente para negociar, considerando que el resultado del PSC en Cataluña –primera fuerza con 19 escaños– y la mejora en un millón de votos en toda España suponen un aval a la estrategia desplegada por Pedro Sánchez para apaciguar el «conflicto» catalán. En esta estrategia de legitimación interna y externa para defender el pacto con Puigdemont, una vez se certifique, también se valora la consulta a la militancia. Así lo reconoció ayer la ministra de Política Territorial y portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, preguntada en «La Hora de la 1» por los futuros acuerdos con Junts. «El PSOE, para más garantías, tiene una serie de procedimientos internos, de trabajos, para conformar esa posición por la que pasarán todas estas decisiones y por la que podrán expresarse todos los militantes tengan la condición que tengan. Estoy convencida de que los militantes van a coincidir con lo que expresaron las urnas el 23J», aseguró.

En base a los reglamentos y estatutos del partido, la dirección no está obligada a someter a las bases ningún pacto de estas características. De hecho, solo existe el requisito de hacerlo sobre aquellos acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE –el que llegara a firmar con Sumar, en caso de revalidar la coalición– o «sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político», por ejemplo, si los socialistas decidieran abstenerse, como les pide Alberto Núñez Feijóo, para permitir un gobierno del PP.

Sin embargo, entre las competencias de la Ejecutiva Federal del PSOE está «convocar las consultas a la militancia sobre aquellos asuntos de especial trascendencia que se determinen reglamentariamente», es decir, que la dirección socialista tiene la última palabra y si así lo considera, porque les permita apuntalar su relato y la legitimidad del pacto, podrían hacerlo. Eso sí, con el convencimiento de que la militancia les avalaría, como así reconocía Rodríguez, porque lo que sí recogen las normas internas del partido es que dichas consultas a la militancia serán, con carácter general, vinculantes, y «el resultado de las consultas vinculantes será de obligado cumplimiento para aquellos que deban adoptar las medidas necesarias para ejecutar el objeto de la misma».

Hasta ahora, la dirección no ha perdido ninguna consulta a la que haya convocado a la militancia, aunque los términos de la pregunta se suelen modular para resulten favorables a los intereses finales. Es decir, no se preguntaría abiertamente por la amnistía, sino por los pactos de Sánchez para superar la investidura. En 2016, se utilizó esta fórmula con la idea de avalar el pacto con Ciudadanos y se superó. En 2019, tras la repetición electoral, se elevó a las bases la decisión de forjar el primer gobierno de coalición progresista de la democracia con Unidas Podemos. El apoyo fue abrumador.