PSOE, IU-ICV, UPyD y BNG pedirán mañana retirar las leyes anticorrupción que defenderá Rajoy

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y el BNG pedirán este jueves la retirada de los dos proyectos de ley anticorrupción que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a defender ante el Pleno del Congreso: el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos -que modifica la Ley de Partidos, la Ley de Financiación de Partidos y la del Tribunal de Cuentas-, y la ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo en la Administración General del Estado. Pero el PSOE no sólo pedirá la devolución de los proyectos al Gobierno, sino que defenderá sus propias recetas contra la corrupción articuladas en un texto alternativo.

En la sesión plenaria de este jueves y en contra de lo que suele ser habitual los proyectos del Gobierno no serán defendidos por un ministro, sino por el propio jefe del Gobierno, que así da respuestas a las demandas de la oposición de celebrar un pleno monográfico en el Congreso sobre la corrupción.

En realidad, los citados proyectos están en el Congreso desde febrero y su tramitación parlamentaria se quiere activar ahora para que estén aprobados antes de que finalice el año. Cuando los textos desembarcaron en el Congreso, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sondeó a los grupos parlamentarios para tantear las posibilidades de acuerdo, pero con la campaña electoral europea de mayo, la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey y el relevo en el PSOE se aparcaron esas conversaciones hasta la vuelta del verano.

Cogió después las riendas el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, pero las opciones de un consenso quedaron truncadas después de que el PSOE decidiera romper las conversaciones tras conocerse la imputación del exsecretario general del PP Angel Acebes en el 'caso Bárcenas' y se destapase la 'operación Púnica'.

Es por ello por lo que el Ejecutivo impulsará en solitario ambos proyectos a los que el PSOE ha presentado sendas enmiendas de totalidad con el mismo texto alternativo y que contempla las 'recetas' anticorrupción y de regeneración democrática que el primer partido de la oposición viene exigiendo.

Entre otras propuestas, los socialistas plantean la necesidad de limitar a dos legislaturas los mandatos de los presidentes del Gobierno y de que los líderes de los partidos sean designados por elección directa de sus afiliados, de establecer la dedicación exclusiva para los parlamentarios, y de poner fin a la práctica de que los diputados y senadores, así como los altos cargos, puedan declarar como testigos en sus despachos en lugar de en sede judicial.

Asimismo, el PSOE aboga por regular el régimen jurídico de los lobbies o grupos de interés, cambiar el sistema de designación de los miembros de los órganos constitucionales en cuyos nombramientos intervienen las Cortes Generales y ampliar los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos con el fin de acrediten el cumplimiento de sus obligaciones con el fisco y las variaciones patrimoniales que se hayan producido entre el comienzo y el final de su mandato.

Los socialistas también proponen que la Ley de Transparencia obligue a informar sobre todo lo relativo a las campañas de publicidad y comunicación institucional y a los planes urbanísticos, así como de otros asuntos que el Gobierno se negó a incluir en la norma.

De la misma manera plantean que se suspenda de militancia a los afiliados y expulsar a los cargos públicos afectados por actuaciones judiciales o indicios de participación en delitos de corrupción, que se prohíba acceder a las candidaturas a personas condenadas o incursas en procedimientos judiciales por delitos vinculados con la corrupción y que se suspenda la condición de parlamentarios y concejales con la apertura del juicio oral.

Por último, el paquete normativo del PSOE incluye endurecer el Código Penal introduciendo nuevos tipos penales, como el de la financiación de partidos o el delito de enriquecimiento "injusto"de autoridades y funcionarios públicos, prohibir la concesión de indultos a los cargos públicos en relación con delitos cometidos por cargos públicos en el ejercicio de sus funciones y atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de los delitos de corrupción en caso de afectar a representantes públicos.

También plantea la urgencia de crear la Oficina Anticorrupción en la Administración, establecer la obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de la Administración Tributaria, la Seguridad Social o la Oficina de Conflictos de Intereses, y modificar la regulación de la contratación pública.

Oportunismo político

Por su parte, la Izquierda Plural exige la devolución de ambos proyectos anticorrupción por entender que el plan de regeneración democrática del Gobierno, además de "insuficiente", supone un ejercicio de "oportunismo político de manual".

En concreto, critica que la reforma de la Ley de Partidos plasme una visión "negativa"en la gestión de los fondos públicos que perciben y poniendo "bajo sospecha"a los mismos "de forma generalizada", que no contemple la participación ciudadana en la vida pública de los partidos y que no se aborde en profundidad una reforma del Tribunal de Cuentas.

Sobre la norma que regula los Alto Cargos censura, IU-ICV-CHA censura, entre otros asuntos, que se excluya a los miembros de la Casa Real o del Banco de España, que no introduzca cambios significativos en el régimen retributivo, y que no regule las 'puertas giratorias' ni el régimen de dedicación exclusiva.

Por su parte, UPyD también solicita devolver ambos proyectos al Ejecutivo porque, a su juicio, evidencian la "falta de voluntad"del Gobierno para, por ejemplo, suprimir los aforamientos, despolitizar la justicia y el resto de organismos supervisores, dotar de más medios a la Fiscalía Anticorrupción, a la Audiencia Nacional o entes como el Tribunal de Cuentas, o no tipificar como delito la financiación ilegal.

Además, lamenta que los textos oficiales no combatan el efecto de la 'puerta giratoria', no mejoren los conflictos de interés o persigan "de forma efectiva"que se produzca un enriquecimiento ilícito no justificado de algunos cargos públicos.

Por suponer medidas "cosméticas y superficiales"rechaza, por su lado, el BNG los dos proyectos anticorrupción que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy, que a su vez es "el máximo responsable"del principal partido "sumido"en casos de corrupción.

Singularmente, critica que el Gobierno sólo incida en la regulación de la actividad económica de los partidos sin regular "con mayor racionalidad"las actividades electorales, que no 'meta mano' en las llamadas 'puertas giratorias', en las adjudicaciones de contratos públicos 'a dedo' o en la adopción de regulaciones públicas en el ámbito del urbanismo o de actividades económicas sectoriales que favorecen a personas o empresas que a su vez retribuyen a los cargos públicos y al partido al que pertenecen por sus "gestiones".

Una vez que el Pleno del Congreso rechace estas enmiendas de totalidad, el texto arrancará su tramitación y se remitirá a las comisiones correspondientes. La previsión es que el plazo para presentar las enmiendas parciales al articulado de esos textos se cierre el próximo martes o, presumiblemente, el posterior al debate de totalidad, el 2 de diciembre.

Tras las intervenciones de los grupos que han presentado enmienda de totalidad intervendrán los demás grupos para fijar posición. Los nacionalistas de CiU y PNV ya han avisado de que esperan propuestas concretas y alertan del error de incidir en 'y tú más'.