El desafío independentista

Puigdemont fuerza elecciones

El ex president quiere «morir matando» y su estrategia pasa por erosionar al Gobierno de Rajoy, debilitar sus alianzas y alimentar su discurso victimista de cara al exterior

Carles Puigdemont, ayer, durante una entrevista desde Bruselas
Carles Puigdemont, ayer, durante una entrevista desde Bruselaslarazon

El ex president quiere «morir matando» y su estrategia pasa por erosionar al Gobierno de Rajoy, debilitar sus alianzas y alimentar su discurso victimista de cara al exterior .

Los independentistas catalanes siguen atrapados en su propia trampa. La suspensión «sine die» del anunciado pleno del Parlament mañana lunes, ante la nula designación de Jordi Sánchez para ser investido, coloca de nuevo la situación en un callejón sin salida y da bazas a Carles Puigdemont. Según su entorno, en la última reunión con su núcleo duro en Waterloo, el prófugo mantuvo una actitud rebelde y contempla un escenario de elecciones. El ex presidente fugado y el antiguo conseller Toni Comín se niegan a entregar sus actas de diputados con el objetivo de facilitar la investidura de otro candidato y persisten en su desafío. «Hay que acorralar al Estado», aseguró rotundo Puigdemont a los suyos, mientras advertía en varios medios informativos que unas nuevas elecciones «no son ninguna tragedia». La política catalana continúa encallada y son muchas las voces desde Esquerra Republicana, el partido de Roger Torrent, que le acusan de ser un auténtico títere del fugitivo de Bruselas. Los partidos constitucionalistas califican el espectáculo de circo y se preparan para un horizonte electoral.

Han transcurrido ya más de dos meses desde los comicios del 21-D y todo sigue atascado. Aunque públicamente ninguno de los actores del bloque soberanista admite nuevas elecciones, en la sombra y en paralelo todos trabajan con este posible escenario. La intransigencia de la CUP, que rechaza frontalmente el acuerdo entre Junts x Cat y ERC por «su debilidad para la república y carencias programáticas», vuelve al punto de partida. Puigdemont carga las pilas y piensa que unos comicios le favorecen, máxime ante el escándalo machista que ha salpicado a quien fuera número dos de Oriol Junqueras, Lluis Salvadó, sobre el nombramiento de una consejera de Eduación. Los fragmentos de su conversación con el alcalde de San Carlos de la Rápita, Josep Caparrós, no tienen desperdicio en plena marea electoral feminista y dejan a ERC por los suelos. De ahí el llamamiento de los republicanos Marta Rovira y Joan Tardá para intentar «consensos más amplios» con la vista puesta en los Comunes y el PSC.

Pero Carles Puigdemont no cede y diseña la estrategia a su gusto. Con el 155 activado piensa que tiene una gran baza para erosionar al gobierno de Mariano Rajoy y obligarle a prorrogar los Presupuestos del Estado al debilitar sus alianzas en el Congreso. Criticar fuertemente todas las medidas que adopta Moncloa e intentar restarle votos en el resto de España es su táctica de acorralamiento. «República o Rajoy», claman en la llamada corte de Bruselas dónde, en el fondo, opinan que el auto del juez Llarena les beneficia. La negativa a dejar en libertad a Jordi Sánchez alimenta su discurso victimista contra el estado opresor mientras el tiempo sigue corriendo. La presentación de recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo aviva esta posición, dado que su resolución no será inmediata, según apuntan fuentes jurídicas. «Al procés no le interesa formar Govern», denuncian los constitucionalistas Ciudadanos, PSC y PP.

La bola decisoria vuelve al terreno de juego de Puigdemont. Mientras el tiempo corre, su estrategia es seguir desafiando al Estado y erosionar a Rajoy en medios y organismos internacionales. Con el PDeCAT como invitado de piedra, sin pintar un ápice en el escenario, todo gira en torno a los leales de Junts x Cat y los cuatro diputados antisistema de la CUP. «Hay futuro», aseguran en el entorno del fugitivo como prueba de su fortaleza. Desde Waterloo aguarda cómo transcurren los procesos judiciales contra los imputados en el «procés», maneja su ventaja electoral y utiliza una propaganda victimista desde su huída a Bélgica: «Cero posibilidad de ceder su escaño». Así de rotundos se muestran en su núcleo duro para facilitar la investidura de un candidato, sin descartar nuevas elecciones. Ni siquiera la llamada «operación Turull» tiene posibilidades ante la negativa de los cuatro diputados cuperos por encima de sus exigencias radicales e irrenunciables.

En la corte de Bruselas recuerdan que, a pesar de los acontecimientos, los votos independentistas sigue siendo mayoría según el propio CIS catalán, por lo que creen contar con tiempo para pelear con el Estado y desafiarle ante las municipales y autonómicas del próximo año. «No hay prisas», reconocen en el entorno del fugitivo a sabiendas de que seguirán desafiantes hasta que Puigdemont sea inhabilitado. Un escenario que también salpica a Jordi Turull, imputado por el Tribunal Supremo, como candidato alternativo. De ahí que en las últimas semanas afloren otros nombres limpios de causas judiciales, como el alcalde Mollerusa, Marc Solsona, pero que tampoco contaría con el apoyo de la CUP. Sus cuatro votos y la renuncia de Puigdemont y Toni Comín como diputados es la única fórmula posible para investir a un aspirante alternativo a la presidencia de La Generalitat.

Con la suspensión del pleno de mañana lunes la situación sigue embarrada. La CUP advierte de su poder decisorio asambleario y ha convocado consejo político el próximo sábado día 17 con sus tradicionales exigencias de república catalana, proceso constituyente y medidas socioeconómicas inadmisibles, incluso para ERC y Junst x Cat. Los anticapitalistas se mantienen inflexibles y Carles Puigdemont sigue con su vida de lujo en Waterloo con una ERC muy dividida, desnortada con Oriol Junqueras en la cárcel de Estremera. Las impresentables declaraciones de Lluis Salvadó han desatado una gran tormenta política, que piensan aprovechar como nueva grieta en los demás partidos soberanistas. Las medidas cautelares anunciadas por la defensa de Jordi Sánchez y el presidente del Parlament, Roger Torrent, tienen escasas posibilidades de prosperar y, en todo caso, su resolución no será rápida, según fuentes jurídicas. La política catalana sigue en un limbo que ya parece eternizarse.