Pumpido se niega a aplazar la decisión del TC sobre la amnistía y no esperará a la Justicia europea

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, se niega a aplazar -como le habían pedido tres magistrados- la decisión sobre la Ley de Amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva las dudas planteadas por varios tribunales españoles, entre ellos el Supremo y el TSJ de Cataluña, sobre el posible choque de la norma con el derecho comunitario. Según fuentes del TC, Conde-Pumpido ha rechazado también la petición de Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y César Tolosa de acudir al TJUE a plantear las dudas sobre esa adecuación al derecho de la Unión.

Según esas mismas fuentes, tras consultar a la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, ponente del recurso del PP contra la ley, "no se estima procedente el señalamiento prematuro del referido debate, separado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad" planteado por los populares, que el Pleno abordará "próximamente".

Del mismo modo, se cierra la puerta a la suspensión solicitada sobre la deliberación, votación y fallo del referido recurso mientras no se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE. Y lo hace argumentando que "la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el tribunal es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica". Todo ello, precisa el acuerdo, "sin perjuicio de que en el curso de la deliberación" se formulen "las manifestaciones y proposiciones que los magistrados estimen procedentes".

Los tres magistrados discrepantes consideraban necesario frenar el debate sobre la polémica ley hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirima si la norma es o no contraria al derecho comunitario, sobre todo respecto a la persecución de la malversación, como expresión de la corrupción política, y del terrorismo.

Los tres magistrados discrepantes veían "un obstáculo"

En el escrito remitido a Conde-Pumpido, se mostraban partidarios de que el TC examinase si el hecho de que varios órganos judiciales -el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de lo Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú- se hayan dirigido al TJUE planteando distintas cuestiones prejudiciales podía suponer "un obstáculo" para que el Constitucional resuelva la controversia "sin esperar a la respuesta del Tribunal de Justicia".

Pero iban más allá y planteaban también la duda de si el TC estaba "obligado" a elevar esa cuestión prejudicial al TJUE para que aclarase si la ley es conforme al derecho de la Unión, algo que Conde-Pumpido también ha rechazado.

Para Tolosa, Espejel y Arnaldo existe una "homogeneidad" entre las dudas planteadas por los cuatro tribunales españoles "y las que son objeto de la pretensión de declaración de inconstitucionalidad" en el recurso del PP contra la ley -el primero que resolverá el TC- y en los presentados por las autonomías gobernadas por los populares, por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), entre otros.