Rajoy lleva «munición» para el choque total contra la oposición

No buscará «golpes de efecto» e intentará mantener un tono constructivo con la exposición de datos.

El debate de esta mañana en el Congreso amenaza con hacer saltar del todo por los aires lo que queda del Pacto de Toledo, el foro institucional que más allá de servir como sede de la negociación se inventó para preservar las pensiones de la lucha electoral partidista. Las señales previas no dejan espacio para confiar en que el de hoy sea un debate «constructivo», como asegura Moncloa que pretende el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De hecho, Rajoy dará a su intervención inicial ese enfoque «constructivo y pedagógico, con muchos datos dirigidos a explicar el problema de las pensiones», aclaran fuentes del Gobierno. Pero también lleva «munición» para responder con dureza a los ataques de la oposición, ya que lo que espera el Ejecutivo es un «debate a cara de perro», prólogo del Debate del Estado de la Nación que el Gobierno planea convocar después de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), «más o menos en julio», puntualizan.

La dirección popular confirmó ayer la información publicada por este periódico: el entorno más cercano a Rajoy trabaja con la previsión de que hoy no se presentará con nuevas medidas ante el Pleno, no quiere convertirlo en un «bazar»; y que remitirá las propuestas y actuaciones al Pacto de Toledo. No sería la primera vez que Rajoy acude a un debate tan relevante como éste con «cartas» bajo la manga que sorprenden hasta a algunos de sus colaboradores más próximos. Pero ayer el mensaje oficial fue en esa línea.

Según Moncloa, Rajoy no busca hoy «golpes de efecto» ni ocurrencias» y pedirá responsabilidad a los grupos de la oposición ante uno de los principales retos que tiene que afrontar España en los próximos años. Frente a eso el PSOE intentará colocarse a la cabeza de la presión de la oposición contra Rajoy para que suban las pensiones. La puja por ver quién pide más y quién queda mejor ante la sublevación de los pensionistas marcará el tono de la izquierda, y también del partido de Albert Rivera. Rajoy responderá con las cifras de los gastos y los ingresos. La radiografía de las pensiones que hay que pagar, del gasto en pensiones, de cómo crece ese gasto y de sus fuentes de financiación. «Realidad frente a demagogia», sentencian en el Gobierno.

Veto en la Mesa

Ayer, la Mesa del Congreso aprobó con los votos del PP y de Ciudadanos el veto del Gobierno a la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para revalorizar las pensiones al ritmo de la inflación y suprimir el factor de sostenibilidad, que modificará el cálculo de la pensión a partir del próximo 1 de enero de 2019. En su escrito el Ejecutivo cifra en 2.175,26 millones el gasto que supondría sólo en 2018 la puesta en marcha de esta ley, y ampara su posición en el artículo 134.6 de la Constitución, que reconoce la potestad de veto del Ejecutivo para cualquier iniciativa que suponga una modificación de gastos o ingresos de los Presupuestos si no hay justificación paralela de dónde corregir esa desviación sin afectar al déficit y a la estabilidad. El Gobierno sacó precisamente ayer pecho porque sus vetos a iniciativas de la oposición en el Congreso y en los Parlamentos autonómicos hayan servido para frenar un gasto de casi 90.000 millones de euros.

El mensaje oficial de Moncloa es que confían en que la oposición actúe hoy con ánimo de colaborar «responsablemente» en el debate sobre las medidas para garantizar las pensiones de hoy y del futuro. Pero la movilización de las últimas semanas en la calle no ayuda a frenar la tentación de los partidos de trasladar al Pleno la tensión preelectoral que ya manifiestan en otros posicionamientos políticos. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, remitió el debate de las pensiones al Pacto de Toledo y exigió a la oposición que no plante a esta comisión como ha hecho con el Pacto de Justicia y de Educación. Desde el Gobierno recuerdan que el agujero de la Seguridad Social puede aumentar hasta los 20.000 millones si se sube la pensión hasta el IPC, y piden esperar a ver cómo acaba el año. Sus dirigentes territoriales advierten de que la movilización pensionista les penaliza electoralmente.