El riesgo de un referéndum enfría la reforma de la Constitución

Rajoy condiciona los cambios a un pacto previo con los partidos sobre qué se quiere modificar y que salve la unidad de España. El PSOE constata la falta de acuerdo y el resto de grupos enfría cualquier modificación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i); el presidente del Senado, Pío García Escudero, aplauden a la presidenta del Congreso, Ana Pastor

Rajoy supedita cualquier cambio en el texto a un pacto de «todos» y pone como límite la unidad nacional y la igualdad de los españoles. El PSOE aplaza el debate a después de su Congreso, que prevé para antes de verano, y Podemos plantea una consulta inasumible

La mayoría de los portavoces de los grupos aprovecharon ayer el acto de homenaje a la Constitución celebrado en el Congreso para corear la consigna de la demanda de una actualización del texto. Pero con un entusiasmo distinto, sin coincidir en el objetivo, sin concretarlo tampoco, y dejando traslucir su escasa fe en el consenso. Al que explícitamente coincidieron en apelar el PP, el PSOE y Ciudadanos.

Ahora bien, el PP es el único que no alienta el debate, pero sin negarse a participar en esta negociación. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, terció ayer de nuevo en el «ruido» político para demandar prudencia y embridar las riendas para que la dinámica no lleve a abrir un proceso de modificación que no conduzca a nada y, sobre todo, que sea incapaz de salvar el consenso sobre el que se levantó la Constitución de 1978. Entre los portavoces de las demandas de actualización, lo más llamativo son las ausencias, ya que mientras que desde ciertos ámbitos de la izquierda se ha planteado esta modificación de la Carta Magna como una solución para el problema independentista, estos partidos, sin embargo, dan por superada esa vía. ERC, de hecho, ya se excluyó explícitamente de la reforma en la primera reunión de la Comisión Constitucional, en la que compareció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para dar cuenta de sus proyectos para esta legislatura.

Rajoy tiene los escaños suficientes en el Senado como para conseguir que ninguna reforma sea efectiva sin su aprobación en esa Cámara. Pero no para evitar que salga adelante la subcomisión en el Congreso en la que se ponga en marcha, y que el PSOE confirmó ayer que presentará en registro, aunque sin concretar cuándo ni con qué contenido. El presidente de la gestora, Javier Fernández, enfrió la urgencia de este debate, apeló a la necesidad de un pacto previo y negó que haya hablado en ningún momento con Rajoy sobre esta cuestión. En cuanto a los partidos nuevos, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, equilibró la demanda de una reforma con la exigencia de consenso. «Es bueno y sano que para modernizarla estemos todos». Y Podemos, sin sus máximos referentes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, envolvió de nuevo en su discurso social la urgencia de que se abra en canal la Ley Fundamental. Pablo Echenique y Carolina Bescansa acusaron a los constitucionalistas de «violar» la Constitución a diario e incluyeron entre los objetivos de esta modificación el de resolver el problema de «la soberanía de la Nación». El derecho a decidir, por tanto. «Cada Nación debe decidir cómo se expresa su relación con el conjunto del país», defendió Bescansa. Una posición rupturista que impide que haya un acuerdo de mínimos ni siquiera en la izquierda, al menos con la actual dirección socialista. Ante este concierto de voces, en el que nadie pone letra a la música, el presidente del Gobierno defenderá, si llega el momento, que se condicione la apertura del debate a un pacto previo sobre los objetivos de la reforma y, sobre todo, sus límites. Es decir, un consenso de partida y necesario, antes de que se formalice la correspondiente subcomisión parlamentaria, respecto a qué se quiere modificar y sobre lo que, en cualquier caso, va a estar siempre fuera de la mesa de la negociación. Sus líneas rojas son la unidad nacional, la igualdad, los derechos fundamentales, la pertenencia a la Unión Europea y el Estado del Bienestar. «Éste no es un asunto para ocurrencias ni frivolidades», argumentó ayer.

Para sacar adelante la reforma de la Carta Magna el presidente considera que no sería suficiente ni siquiera con el acuerdo entre los partidos constitucionalistas. Ayer aprovechó el Día de la Constitución para poner en valor el gran acuerdo entre los españoles que ha dado lugar a la etapa de mayor progreso y a un modelo de bienestar «como pocos hay en el mundo». «Se puede reformar. El PP siempre estará dispuesto a considerar cualquier reforma razonable», puntualizó. Pero hay que saber antes «qué se va a hacer y qué no se va a hacer». «Hay que tener una idea aproximada del final de esa comisión en el caso de que se cree», sentenció.

En la misma línea, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó también una conversación informal con los periodistas para incidir en que la experiencia de este fin de semana en Italia, con el referéndum de la Constitución que ha llevado a la dimisión del primer ministro Matteo Renzi, confirma los riesgos de plantear un referéndum sobre la Carta Magna. Para Sáenz de Santamaría existen otras «vías» para abordar cambios en la Constitución, como modificaciones parciales y de determinados artículos. Sin tocar en exceso el texto constitucional. Y, en cualquier caso, cualquier cambio debe ir acompañado del máximo consenso. Las prioridades del Gobierno de Rajoy son otros cuatro grandes asuntos de Estado: pensiones, pacto en Educación, financiación autonómica y violencia de género. Rajoy no quiso aventurar escenarios, ni sobre sus apoyos en Presupuestos ni sobre la continuidad del entendimiento con el PSOE ni tampoco sobre si ésta será o no una legislatura larga. Sí confirmó que tiene una relación muy fluida con el PNV, su potencial apoyo para aprobar las cuentas de 2017 sin depender del PSOE.

Rajoy destila tranquilidad. Deja ver que pese a que la situación es complicada, sabe que lo tiene más fácil que sus adversarios. Tiene discurso y posición política –comentan sus colaboradores–, la misma desde las elecciones generales de diciembre. No siente ya el peso de los casos de corrupción que han afectado al PP como un lastre, sino como algo ya amortizado. Y también ve bajo control la situación económica después del acuerdo alcanzado con el PSOE sobre el techo de gasto y la senda de déficit. «Nos ha costado mucho, pero es muy importante», incidió ayer en varias ocasiones. En cuanto a Cataluña, el otro gran reto de esta legislatura, la vicepresidenta está volcada en el diálogo y en la negociación, pero dentro de los mismos límites de defensa de la unidad nacional y de la ley que han marcado siempre la posición del PP. Hoy vuelve a viajar a Barcelona, donde tiene abiertos contactos no sólo políticos, sino con un amplio abanico de representantes de la sociedad civil. Y busca cuadrar también en la agenda una entrevista con Oriol Junqueras. La Conferencia de Presidentes de enero la convocará a mediados de mes, «tendrá mucho contenido», y ante esta cita volvió a demandar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que participe en un foro en el que se hablará de empleo, recuperación económica, financiación o sostenimiento del Estado del Bienestar.