Rajoy reforzará su presencia en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cree firmemente que la respuesta al desafío independentista de la Generalitat tiene que ser política y no económica. Y que es en este primer plano, y no en el segundo, en el que su Gobierno y el partido tienen que colocar el acento. A su juicio, por el otro camino se generarían más problemas en vez de solucionar los ya existentes. Entre otros motivos, por «la utilización victimista» que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ERC harían de cualquier decisión en esta materia. En la línea de lo que han hecho hasta ahora, huir de sus responsabilidades en la gestión económica de la «quiebra» de Cataluña y trasladar la responsabilidad de esas decisiones y de «su mala gestión» a Madrid, según alegan desde el Gobierno.

Y, además, porque Rajoy entiende que su «responsabilidad» como presidente de todos los españoles es garantizar la igualdad de todos, su financiación y la prestación de sus servicios públicos al margen de las «decisiones equivocadas» de sus respectivos gobiernos autonómicos.

Por tanto, la intención de Rajoy es preservar el acceso de la Generalitat a la liquidez, el pago de las nóminas de los catalanes y el pago a sus proveedores, es decir, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y seguir haciendo una aplicación flexible de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «Los golpes en la mesa en esta materia no están en nuestra hoja de ruta, salvo que la situación fuese extrema», sostienen fuentes del Gobierno.

Ante los reproches porque no se descuenten las partidas independentistas del FLA o porque no se apliquen los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad, que incorpora la previsión de intervenir una comunidad autónoma en caso de incumplimiento del déficit, desde el entorno del presidente responden que la flexibilidad, dentro del respeto a la ley, se está aplicando también con otras comunidades. Argumentan también que están vigilantes con sus esfuerzos en materia de cumplimiento de déficit, y que, en el caso catalán, no hay que dejar de tener presente que la situación es especialmente delicada por los riesgos añadidos que se derivan de la mezcla de su crisis política y su insolvencia económica. «Es muy fácil hablar y exigir cuando no se gobierna. Pero el Gobierno tiene que actuar midiendo siempre las consecuencias de sus actos, sus pros y sus contras», sentencian.

El Gobierno alega que a cargo del FLA no se financia ninguna partida independentista, y que para tomar medidas extraordinarias, como la de la intervención, debería acreditarse la voluntad decidida de la Generalitat de no cumplir con el déficit. El año pasado Cataluña no cumplió el objetivo marcado, junto con otras cinco comunidades, y este año también se desviará del límite marcado. Pero desde Hacienda precisan que hay que tener en cuenta la situación de partida y el esfuerzo realizado, y que en ese contexto Cataluña sí está cumpliendo con sus obligaciones. En esta explicación justifica el Gobierno que en sus planes no esté en estos momentos tomar medidas drásticas con el FLA ni en materia de estabilidad presupuestaria (la ley prevé la aplicación del artículo 155 de la Constitución para un caso de incumplimiento de déficit en una comunidad). De ser rigurosos con Cataluña, también deberían actuar del mismo modo con otras autonomías como Valencia, por ejemplo.

No obstante, el Gobierno mantiene su intención de impugnar todas las decisiones que vulneren la ley o que sirvan para dar cobertura a la consulta. Pero tienen que ser actos concretos de ejecución. Y no ven sentido, por tanto, a recurrir los presupuestos catalanes, más allá de que reconozcan a Alicia Sánchez-Camacho su margen para hacer política en este terreno. El presupuesto es una ley de autorización de gastos y lo normal es que la ilegalidad se cometa en su ejecución. Además, entienden que hay que moverse siempre con la cautela de que el TC ya ha establecido que si cabe una interpretación constitucional de lo que sea, no cabe la inconstitucionalidad.

En el plano político, desde la dirección del PP anuncian que a partir de enero empezarán a poner en marcha una nueva estrategia. Con un discurso contundente en la defensa de la ley y de la igualdad, pero moderado en las formas y en su presentación ante la sociedad catalana. En este nuevo tiempo, la intención es tener una mayor presencia política en Cataluña. Con Rajoy y también con la plana mayor del partido.

En Génova llevan trabajando desde hace meses en el fortalecimiento de la acción conjunta con el PP catalán en la respuesta a los movimientos de Mas y de ERC. Tienen que andar con pies de plomo porque «el control nacionalista de todos los ámbitos deja muy poco margen para que nuestro mensaje llegue virgen a los ciudadanos», sostiene un alto dirigente del partido. Dentro de Génova incluso hay quienes han abierto el debate sobre la conveniencia de introducir cambios en el liderazgo de la organización catalana, aprovechando la puerta de salida que ofrecen las europeas. Hasta ahora sólo hay especulaciones, ya que la decisión última corresponde al presidente. Y será en estas vacaciones de Navidad cuando cierre algunas de las decisiones pendientes en el PP. Antes podría conocerse la fecha y el lugar elegido para celebrar la Convención Nacional. En la dirección manejan la previsión de que tenga lugar entre finales de enero y la primera quincena de febrero. Y sobre el sitio, «¿por qué no en Cataluña?», responden en Génova. Pero falta todavía escuchar la última palabra de Rajoy.