Financiación autonómica
Rajoy reúne a sus barones para pactar la financiación
Quiere borrar fisuras en la estrategia política y calmar la preocupación por la bajada en las encuestas
Quiere borrar fisuras en la estrategia política y calmar la preocupación por la bajada en las encuestas.
Mariano Rajoy ha convocado hoy a sus «barones» para debatir informalmente con ellos sobre los temas de actualidad y sobre algunas de las cuestiones que marcarán la agenda de los próximos meses. Rajoy tiene varios objetivos en su punto de mira dentro del reñido contexto político al que se enfrenta el PP. Por un lado, necesita resolver las diferencias de puertas adentro y avanzar en la dirección de contar al menos con sus dirigentes territoriales y presidentes autonómicos en la complicada negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta negociación, así como la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, están paralizadas a la espera de ver si se aclara el futuro de la Generalitat y si su nuevo presidente acepta volver a las conversaciones multilaterales, que abandonó el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando optó por pisar el acelerador del proceso soberanista.
Rajoy necesita tender puentes con sus líderes autonómicos y regionales para afrontar la «guerra» de la financiación. Cada presidente tiene sus propios intereses en función de la realidad económica de su territorio, pero Rajoy debe vencer el obstáculo de estar en minoría y de que la mayoría de presidentes autonómicos sean del PSOE. Si antes del otoño no hay acuerdo, será muy difícil que lo haya después porque se intensificará la dinámica electoral ya que en primavera serán los comicios autonómicos, municipales y europeos. El tiempo aprieta. O ahora, o el tema volverá a quedar pendiente para la siguiente Legislatura.
Pero además de acercar posiciones en la financiación, Rajoy también quiere borrar posibles fisuras en la estrategia política. En Madrid consta la preocupación territorial por la situación de Ciudadanos (Cs) en las encuestas y porque fuera de la capital siguen viendo los casos de corrupción que desfilan por los tribunales como un peaje para las siglas del partido. El presidente del Gobierno está intentando calmar la inquietud de los suyos ante la perspectiva de que Cs les dé otro mordisco en la siguiente cita electoral. La dirección nacional del PP ha diseñado un calendario de actividad del partido y de mayor despliegue e iniciativa política del Gobierno, y Rajoy pide tiempo para que se ponga en marcha y empiece a dar frutos. Para ello quiere tranquilidad interna y que no se abran frentes en las negociaciones multilaterales más allá de los que pueda plantearle el PSOE. No es previsible que el runrún interno vaya a más ni que haya ningún movimiento crítico que pueda desestabilizar su liderazgo, salvo que el PP sufriera un batacazo en las autonómicas y municipales. Ahí es donde se la juega.
La reunión de hoy tiene la agenda abierta para que puedan abordarse todos los temas que intereses a los líderes territoriales. Aunque es poco previsible que alguno se atreva a trasladar a la cúpula del partido y del Gobierno las enmiendas de las bases regionales. Además de Rajoy, en el almuerzo participan la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y la secretaria general del PP y ministra de Defensa, Dolores de Cospedal. Y en esta especie de preparatoria de la Conferencia de Presidentes también puede haber hueco para analizar el problema del agua o el demográfico. En clave de partido, las grandes cuestiones pendientes son las candidaturas de las próximas autonómicas y municipales y la Convención Nacional de abril, pero es poco probable que Rajoy utilice este foro para entrar en el detalle de cómo va a resolver los cabeza de lista en las principales «plazas» en las que el PP se jugará esa batalla electoral, como son Madrid, Valencia o Sevilla.
La vicepresidenta presentará un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la primera Conferencia de Presidentes. Capítulo por capítulo, empleo, cooperación en materia de protección civil, reto demográfico, tarjeta social, protección al consumidor vulnerable de electricidad, unidad de mercado, participación de las comunidades en los asuntos de la UE o pacto por la educación o contra la violencia de género, el dossier señala las decisiones adoptadas para desarrollar acuerdos firmados por todos los presidentes autonómicos en ese cónclave, al que no asistieron ni Puigdemont ni el lendakari vasco Urkullu.
El Gobierno saca pecho por incrementar un 14,38% la distribución de fondos entre las comunidades para la ejecución de servicios incluidos en políticas activas de empleo, modernización de servicios públicos y financiación de programas de acción conjunta para la mejora de parados de larga duración. También sostiene que ha aumentado un 20% los fondos de formación profesional para el empleo; o que ha adjudicado casi 100 millones (subvencionados por el Fondo Social Europeo) en ayudas a la integración sostenible de personas jóvenes que ni trabajan ni estudian. En empleo público el Ejecutivo subraya los pactos en la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas que han propiciado la convocatoria de casi 30.000 efectivos; el inicio de un proceso de estabilización interino que podría afectar a 129.700 plazas en Sanidad, 98.807 en Educación y 2.331 en Administración de Justicia. Así como el aumento de la tasa de reposición, que puede alcanzar el 100% para sectores prioritarios y el 50 por ciento en el resto.
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