Rajoy y Sánchez miran al 2-O con una oferta de diálogo y financiación

Moncloa ve a Puigdemont desautorizado por su gestión y buscará otro interlocutor.

El Gobierno empieza a mirar al días después del 1-O. Fuera del discurso oficial, la posición de Moncloa es que la negociación exigirá cambios en el PDeCAT y en la interlocución actual por parte de la Generalitat porque sus máximos responsables han quedado «desautorizados» con su gestión de este desafío a la legalidad. También dicen que Artur Mas y Carles Puigdemont tienen que marcharse, y que si no lo hacen ellos por su decisión personal, será, apuntan, por la consecuencia de la presión judicial. El ex presidente Artur Mas tiene encima la espada de Damocles del «caso Palau», que caerá más pronto que tarde sobre su cabeza, y fuentes de la investigación aseguran tajantemente que Puigdemont también será arrastrado por el «caso del agua» en el Ayuntamiento de Gerona. Al margen de la presión por la corrupción, tienen asimismo encima la sombra de la inhabilitación.

Más abierto dejan el futuro del vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, una salvedad que está cargada de intencionalidad política. Puigdemont y Junqueras mantienen la escenificación de que conducen de la mano la «desconexión», pero ni hay confianza ni buen clima entre las dos partes. Y en ERC siguen confiando en que Junqueras sea el que les aúpe a la Presidencia de la Generalitat, si hace falta, sostienen en el Gobierno, suavizando el ardor independentista. Es un guión que habrá que ver cómo se ajusta a la realidad, sobre todo porque dependerá de lo que haga la dirección independentista en los próximos días. De momento, el Gobierno apunta hacia el 2-O y ofrece una salida política, negociación, diálogo y mejor financiación. Es la misma solución que Mariano Rajoy puso encima de la mesa en cuanto arrancó la presente Legislatura, y que fue rechazada por Puigdemont, negándose incluso a hablar de otras cuestiones que no fueran el referéndum de autodeterminación. Y en esa posición le ha acompañado siempre hasta ahora Junqueras. La reforma de la Constitución que plantea el PSOE sigue sin ser vista por el Gobierno como una solución para el problema, como tampoco la ha reconocido como tal el independentismo. Tras el 2-O estará en la mesa, aunque desde el Gobierno señalan que «PSOE y Ciudadanos no son capaces ni de ponerse de acuerdo sobre el formato del diálogo, por lo que el margen para encontrar mínimos comunes denominadores es muy pequeño».

En este clima, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha encargado de abrir el debate del 2-O al señalar que la mejora de la situación económica en España abre nuevas oportunidades para el diálogo en Cataluña ya que hay mayor espacio fiscal para un nuevo modelo financiación autonómico. Distintos portavoces del Ejecutivo insisten en que hay espacio para el diálogo si la Generalitat renuncia ya al referéndum ilegal, aunque no creen en esa rectificación. En este clima de diálogo dentro de la ley se encuadra también la creación de la comisión parlamentaria propuesta por el PSOE para analizar una salida política al conflicto catalán, que sería el marco propicio para la discusión sobre la modernización del modelo territorial. Este foro de debate es una de las apuestas estrella de Pedro Sánchez para solventar el desafío soberanista y ayer recibió luz verde por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados para su constitución. Cuenta con el apoyo de todos los grupos, excepto de ERC y Ciudadanos, aunque los socialistas esperan que la formación de Albert Rivera opte por participar, aunque se haya opuesto a su entrada en funcionamiento. En Ferraz consideran que ha habido un cambio de actitud en el Gobierno y exigen a la Generalitat que desconvoque el 1-O y se avenga a dialogar. «Nos están mirando internacionalmente, seamos capaces de estar a la altura», pidió ayer Cristina Narbona.