Rechazo en bloque de las acusaciones populares a que la juez no investigue la relación del hermano de Sánchez con el exasesor de Moncloa

Las acusaciones populares del "caso David Sánchez" se oponen a que, tal y como pretende el hermano del presidente del Gobierno, la juez Beatriz Biedma -que le investiga por tráfico de influencias, entre otros delitos- no indague en su relación con el exasesor de Moncloa Luis Carrero, a quien la Diputación de Badajoz contrató en enero de 2024 como estrecho colaborador de David Sánchez y que, según han puesto de relieve los correos intervenidos por orden judicial, estuvo trabajando para él meses antes de esa contratación.

En un escrito remitido la instructora por Manos Limpias, que aglutina a toda la acción popular en este procedimiento -que incluye también al PP, Hazte Oír, Iustitia Europa y Asociación Liberum-, ponen de manifiesto que la investigación de Carrero -que se refería a Sánchez como "hermanito"- y de Ángel Seco -otro de sus subordinados- tiene "una clara justificación", el intento de averiguar "los hechos presuntamente delictivos atribuidos a don David Sánchez, a quienes hubieran decidido su contratación ilícita, en el ámbito de la Diputación de Badajoz, y a quienes hubieran participado en la comisión de dichas actividades delictivas".

La magistrada intenta esclarecer si el puesto de alta dirección de coordinador de conservatorios se creó "a su medida" en 2017 para adjudicárselo al hermano de Pedro Sánchez, "modificando sus funciones según sus peticiones" posteriormente y contratando asimismo "a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño de las mismas". En el marco de la instrucción, y tras destaparse que trabajaba codo con codo con un exasesor de Moncloa, Biedma encargó el pasado día 10 a la Unidad Central Operativa (UCO) un informe sobre las "relaciones previas de carácter profesional" entre Carrero y David Sánchez.

Esa investigación puesta en marcha por Biedma es necesaria "mas si cabe" -argumenta el letrado de Manos Limpias, José María Bueno- en el caso de Carrero, contratado primero como funcionario

nivel 30 en Moncloa y mas tarde por la Diputación de Badajoz" -en calidad de jefe de Sección, Coordinación y programas de Actividades Transfronterizas- y que tenía "relaciones profesionales y personales" con David Sánchez "antes de ocupar una plaza en la Diputación".

Por si fuera poco, añade el abogado, fue el propio David Azagra, nombre artístico de David Sánchez -recuerda-, quien "los citó expresamente en su declaración judicial". Por lo tanto, la acusación popular mantiene que "dífilamente puede entenderse que quien señaló a estas dos personas como sus colaboradores en la Oficina de Artes Escénicas pretenda ahora que tras su declaración no se pueda investigar la actuación de ambas personas en la relación a la misma", razón por la cual la juez ha pedido a la Diputación de Badajoz que aclare cómo se produjo su contratación y cuáles son sus funciones.

Y respecto a que esta nueva línea de investigación de la juez nace de un "hallazgo casual" en el análisis de los correos intervenidos a David Sánchez y otros altos cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz, por lo que estaría proscrita con la ley procesal en la mano, la acción popular replica que no se trata de hallazgos casuales, sino que "todo el material" intervenido incorporado al procedimiento "ha sido buscado exprofeso para la averiguación de los delitos investigados, o de los delitos conexos a estos que se hubieren podido cometer precisamente en interés de la consumación de los primeros".

Y en todo caso, añade el letrado de la acusación, "aunque fueran hallazgos casuales se trataría de revelaciones de nuevos hechos totalmente relacionados con los investigados", que o bien formarían parte de estos o "en el peor de los casos" serían delitos conexos, siendo "totalmente competente el juzgado instructor que ya está investigando el asunto". De ahí que se oponga al recurso de apelación interpuesto por la defensa de David Sánchez contra la decisión de la instructora de investigar el alcance de su relación profesional con el exasesor de Moncloa para intentar arrojar luz sobre esas sospechas de que se fichó a gente de su confianza para ayudarle en su trabajo en la Diputación.

Carrero fue asesor de Moncloa durante tres años y medio, justo antes de incorporarse a la Diputación de Badajoz como mano derecha de David Sánchez en enero de 2024, según confirmó Presidencia del Gobierno a la juez. Esa respuesta del Gobierno precisa que Carrero fue asesor desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, ejerciendo el cargo como funcionario de carrera -profesor de Escuela Oficial de Idiomas- en la "Unidad de Mensaje" del Departamento de Análisis y Estudios de Presidencia del Gobierno. En calidad de "personal eventual en puestos de confianza o asesoramiento".

En su recurso, la defensa de Sánchez considera "no ajustada a derecho" la decisión de Biedma por tratarse de una "expansión de la investigación judicial" en curso, por lo que pide su nulidad por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Investigar la relación profesional entre Carrero y el hermano del presidente, se queja, es un "estrambote procesal" porque no estaba entre los objetivos con los que la magistrada justificó la intervención de los correos electrónicos, entre los que no hay "ni el mínimo rastro" de investigar también la "cobertura de legalidad de la satisfacción de las preferencias personales del Sr. Sánchez". "Ser funcionario y estar encuadrado en una determinada unidad administrativa no es delito", subrayó.