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Rigau niega que presionaran a directores de institutos
Admite que tuvieron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona
La consellera ha reconocido que se efectuaron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona, porque plantearon dudas sobre las consecuencias de abrir.
La exconsellera de Enseñanza Irene Rigau ha negado hoy que presionaran a los directores de institutos para que abrieran las puertas de los centros para la votación del 9N y ha asegurado que en ningún caso tiene conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, porque no recibió ninguna advertencia.
En el juicio por la consulta independentista del 9N, que ha arrancado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Rigau, que únicamente ha respondido a su abogado, Jordi Pina, ha negado haber presionado a los directores de instituto para que colaboraran con la consulta: "Habría sido una contradicción, porque un movimiento con voluntariado no se hace con coacciones".
La consellera ha reconocido que se efectuaron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona, porque plantearon dudas sobre las consecuencias de abrir, aunque ha aclarado que el único problema lo tuvieron con el IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que considera que supone un "caso singular"porque ve un "trasfondo político"en las reticencias mostradas por su directora, Dolores A., que mañana declara como testigo.
Según Rigau, la directora de este instituto, que se negó a ceder el centro para la votación y que en fase de instrucción declaró ante el TSJC que la habían presionado, planteó peticiones que "iban más allá"de las que solicitaban otros directores, por lo que decidieron "prescindir de este centro"y buscaron otra ubicación. "Se resolvió perfectamente", ha alegado Rigau.
Al igual que los otros encausados -el expresidente de la Generalitat y la exconsellera Joana Ortega-, Rigau ha afirmado que el TC no les remitió ningún requerimiento advirtiendo sobre las consecuencias que supondría no acatar su resolución del 4 de noviembre, en el que suspendía el proceso participativo, y que tampoco les respondió antes del 9N la petición que plantearon para que aclarara el contenido de su providencia.
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