Rajoy traslada a Rivera que aún no aplicará el 155

El Gobierno reitera a Puigdemont su oferta de diálogo para negociar dentro de la legalidad

El presidente de Ciudadanos , Albert Rivera y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la reunión que mantuvieron  en el Palacio de la Moncloa
El presidente de Ciudadanos , Albert Rivera y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa

El Gobierno reitera a Puigdemont su oferta de diálogo para negociar dentro de la legalidad.

Ciudadanos volvió a insistirle ayer al presidente del Gobierno, Ma-riano Rajoy, en que aplique el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña. Fuentes de la formación naranja confirmaron que la petición se formalizó en otra reunión de su líder, Albert Rivera, con el jefe del Ejecutivo a primera hora de la mañana antes de que comenzase el Consejo de Ministros. Rajoy está manteniendo estos días contactos en todos los ámbitos, pero en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros Moncloa no informó de esta entrevista. Según la versión de Cs, Rajoy trasladó a Rivera que en estos momentos sigue sin haber fundamento jurídico para hacer uso de esa prerrogativa constitucional. Moncloa ha estudiado el desarrollo de este artículo, sus ventajas e inconvenientes, pero advierten de que no es una solución mágica para los problemas que existen en Cataluña y que hay que actuar con medidas excepcionales si hace falta, pero con decisiones que garanticen la eficacia.

Con el gesto de ayer Rivera se coloca del lado del ex presidente José María Aznar para meter presión a Rajoy para que actúe ya. La demanda de Rivera de que se aplique el 155 es anterior al movimiento que el jueves hizo el presidente de FAES y sigue sosteniéndose en la idea de que ya no queda tiempo para impedir la declaración de independencia «y es urgente aplicar este mecanismo que permite proteger los derechos y libertades de todos los españoles».

El PSOE no comparte este criterio, y en medio está Rajoy, que en las últimas semanas ha intentado que su estrategia preserve la unidad del bloque constitucionalista en la respuesta a la amenaza de secesión. El presidente está a la espera de ver cómo evoluciona la división dentro del independentismo y escucha a sus interlocutores, pero calla, sobre cuál es su plan. «Las estrategias no se cuentan. La respuesta despenderá de lo que hagan ellos. Lo que es seguro es que habrá una respuesta contundente, firme y serena si hay declaración de independencia». Cs lleva desde el lunes dando por hecho la DUI y presionando a Rajoy para que se mueva.

El Gobierno se mantiene en donde estaba el 1-O. Sigue insistiendo en los llamamientos a la Generalitat para que vuelva a la legalidad y abandone la idea de la declaración de independencia. Con el matiz de que el Ejecutivo afirma que sí admitiría como interlocutores a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras si renuncian a la secesión. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, impuso la prudencia en el mensaje que formalizó tras el Consejo de Ministros. El Gobierno cree que el independentismo está ante su última encrucijada, ya que la declaración de independencia es un camino sin retorno, que tendrá consecuencias gravísimas aunque Rajoy calle sobre sus planes, y que, por eso, «a algunos empiezan a temblarles las piernas».

El portavoz del Gobierno insistió en que Rajoy actuará cuando tenga que actuar, y aunque insistió en defender la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado para cumplir el mandato judicial de que no se abriesen los colegios electorales, el ministro Méndez de Vigo también sostuvo que el Gobierno «siente» y «lamenta» las cargas policiales del pasado domingo. El delegado del Gobierno, Enric Millo, pidió ayer perdón por ellas. Palabras que hizo suyas el portavoz cuando aseguró que lo que haya dicho el delegado del Gobierno «bien dicho está». Aunque también recordó que los policías y guardias civiles actuaron por mandato judicial y porque el cuerpo competente, los Mossos, «no llevaron a cabo esa labor». «La actuación de las fuerzas de seguridad se dirigió a evitar la votación, no contra las personas».