Rodear el Congreso se multará con hasta 600.000 euros

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya anunció hace unos días puntos del borrador de la nueva ley de seguridad ciudadana que reformará la norma vigente, de 1992. El titular de la cartera dio algún detalle concreto sobre la propuesta que su Ministerio quiere presentar en el próximo Consejo de Ministros. Fernández Díaz habló de escraches, quema de contenedores y manifestaciones ante instituciones, pero no son las únicas novedades de la nueva norma. Uno de los motivos que también han impulsado la elaboración de este anteproyecto de ley es que debe amoldarse a la reforma del Código Penal que se presentó hace unos meses y que se encuentra en trámite parlamentario. Esta normativa ha eliminado las faltas, por lo que todas las sanciones de tipo penal pasan a ser multas administrativas. Así, la Justicia también suelta alforjas y podrá aliviar un poco su descongestión al quedar exenta de trámite jurídico. Fuentes próximas al Ministerio del Interior aseguran que «no se trata de una contrarreforma, sino que incluye sanciones adecuadas a nuevas alteraciones ciudadanas». Insisten en que «para elaborar la nueva norma ha sido clave la participación de la Guardia Civil y de la Policía». Sobre todo en relación con el control de las manifestaciones, como las concentraciones del 15-M o los escraches.

ESCRACHES

LA RAZÓN ha tenido acceso a algunas de las claves del recién elaborado documento que este miércoles pasará su primer examen ante la comisión de secretarios de Estado y directores generales de todos los ministerios. En el de Interior son optimistas, pero saben que «la legislación de los escraches y de las restricciones de tránsito en la vía pública van a generar mucha polémica». Interior va a permitir que la Policía cree zonas de seguridad alrededor de edificios, parques o viviendas particulares donde consideren que puedan producirse altercados, «siempre con la exigencia de proporcionalidad».

SEGURIDAD DE LOS AGENTES

El catálogo de sanciones aumenta por el «trasvase» de las faltas y su nueva consideración como multas administrativas. Se mantienen las tres categorías: muy graves, graves y leves. Dentro de las primeras se incluyen 21, graves son 44 y se han formulado 15 como menos lesivas. Fuentes de Interior insisten en que «el número es muy posible que, con los diferentes trámites, varíe». Eso sí, las cuantías se van a mantener porque «ya son suficientemente elevadas». Las muy graves van desde los 30.001 a los 600.000 euros, las menos severas entre 1.001 y 30.000 y las últimas entre cien y mil euros. Así, arrancar señales, romper papeleras o llevarse plantas de la calle pueden costar una multa de hasta 1.000 euros. Durante los dos últimos años, la Policía se ha convertido en foco de críticas por sus actuaciones en algunas concentraciones y la nueva norma busca «ser más garantista» para evitar que se repitan episodios como la difusión de imágenes de agentes de paisano durante concentraciones. Así, será un delito muy grave, sancionado con hasta 600.000 euros de multa «utilizar y difundir imágenes que pongan en peligro la seguridad de los agentes que controlan una manifestación. Se considerará un atentado contra su honor aunque vayan vestidos de paisano». Si estas multas fueran retroactivas, la difusión de imágenes de los agentes vestidos de paisano en 2012, tras la manifestación del 25-S, se consideraría infracción muy grave.

REDES SOCIALES

Las concentraciones ilegales, es decir, sin comunicárselo a las delegaciones de Gobierno, delante de órganos institucionales como el Congreso, el Senado, diputaciones provinciales u órganos constitucionales, también se sancionarán con la máxima multa. Las redes sociales también han promovido un nuevo modelo de manifestaciones de odio, xenofobia y terrorismo, entre otras. No se consideran tan graves, pero podrán multarse con hasta 30.000 euros, «las injurias, amenazas, coacciones y vejaciones a un agente encargado de velar por el orden de una reunión». De este modo, llamar «hijo de puta» a un policía se sancionará.

ENCAPUCHADOS

Escalar edificios históricos, artísticos u organismos públicos también se considerará como una infracción grave, así como la participación en alteraciones de orden público cubiertos por capuchas, cascos o cualquier elemento que impida la identificación de la persona.

SANCIONES A MENORES

Según el borrador que maneja el Ministerio, cuando un menor cause daños por perturbación del orden público en el mobiliario urbano o cometa cualquier infracción multada en la futura ley, serán sus padres los que tengan que asumir esa sanción económica.

La nueva norma incluye otras sanciones como el uso de «taxis de la droga» o el «botellón».