Ruz cree que el PP pagó la reforma de Génova con «fondos ajenos»

Efectivos de la Policía Nacional durante la tarde de ayer frente a la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid
Efectivos de la Policía Nacional durante la tarde de ayer frente a la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid

Un total de 17 documentos remitió el PP a la Fiscalía Anticorrupción para intentar demostrar que los gastos derivados de la reforma de su sede central no tienen relación alguna con una supuesta contabilidad «B» de esa formación política, sino que, por el contrario, estaban plenamente justificados. Estos documentos, algunos de ellos «fotocopias», no parecen haber convencido al juez Ruz, motivo por el que ordenó la entrada y registro de la sede popular, que finalizó ayer tras 14 horas, en busca de documentación relativa al pago de 880.000 euros por esas reformas, entre los años 2008 y 2011, y que figuran en los «papeles de Bárcenas» como desembolsados en «B». El magistrado acordó la decisión de registrar la sede del PP porque esta formación política no aportó «en forma» los documentos cuando fue «requerido para ello».

En relación con estas obras, el magistrado Ruz destaca que los correos electrónicos incautados en las dependencias de la empresa Unifica, de la que uno de sus principales responsables es el arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en este procedimiento, evidencian que esa empresa y el PP generaron «documentos para la certificación y facturación de determinadas reformas llevadas a cabo en su sede principal –del PP–, al objeto supuestamente de dar cobertura a una facturación oficial ficticia». Esta facturación se pagaría con cheques existentes en el «sistema económico» de esa formación política, mientras que la parte restante de las obras se abonaría, de forma indiciaria, «mediante fondos ajenos y que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados "papeles de Bárcenas"».

En esos «papeles» aparecerían tres anotaciones de sendas entregas de dinero al arquitecto dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo, por un total de 888.000 euros, lo que indicaría que estos pagos se pudieron hacer en dinero negro. La Policía y el magistrado dan validez a estos apuntes y al compararlos con documentos requisados en un registro a Unifica concluyen que probarían la existencia de «cierta corriente financiera de cobros y pagos continuados en el tiempo» en el PP. Estos hechos se evidenciarían por los correos entre Gonzalo Urquijo y el entonces adjunto a la gerencia del PP Álvaro Pérez, mientras que la citada «actuación coordinada» para generar esa «facturación oficial ficticia», lo fue con los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. De esta forma, se podría haber incurridoen «uno o varios delitos» contra la Hacienda Pública, de los que, presuntamente, serían responsables Gonzalo Urquijo, en su condición de responsable de la empresa que realizó las reformas de la sede popular, y, en concepto o condición de cooperadores necesarios. Por todo ello, el magistrado concluye que la actividad presuntamente investigada «puede calificarse de grave, tanto en atención a la penalidad de las conductas investigadas como desde el punto de vista de la trascendencia social de la misma». Así, ordenó el registro de la sede del PP para incautar elementos indiciarios y documentación «que permitan corroborar los extremos denunciados en la presente investigación de imposible o muy difícil obtención de otra forma».