La ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera -señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) en la filtración del correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato, ha afirmado en el Tribunal Supremo que no recuerda quién le envió el documento que envió al entonces líder de los socialistas madrileños. En su declaración como testigo, la ex jefa de Gabinete de Óscar López ha explicado también, según fuentes jurídicas, que ya no dispone del móvil que utilizaba en esas fechas, pues lo cambió al incorporarse al Ministerio para la Transformación Digital, donde un técnico le "borró los mensajes" al asignársele un nuevo teléfono.

Según otras fuentes consultadas, Pilar Sánchez Acera ha negado asimismo que recibiera documentación alguna del fiscal general del Estado, con quien según ha asegurado no tiene ningún tipo de relación. Tampoco recibió -añaden- ninguna instrucción de Moncloa, actuando en todo momento como miembro de la Ejecutiva del PSOE de Madrid que entonces dirigía Lobato. La testigo ha señalado que el pantallazo de ese correo -en el que la defensa del novio de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, admitía el fraude tributario y se mostraba dispuesto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía- procedía de los periodistas encargados de la información de Madrid.

Durante su comparecencia, de poco más de una hora, Sánchez Acera -a quien la UCO señala como una de las personas que tuvo conocimiento de ese correo del 2 de febrero antes de que se publicara el 14 de marzo del pasado año por la mañana, ha mantenido que el documento que envió a Lobato (un pantallazo de esa carta) "no era en ningún caso un correo" pues "no figura destinatario ni fecha ni formato" propio de un email. Esa información, ha mantenido, solo la compartió con el entonces jefe de los socialistas madrileños y solo comentó con él este asunto. Lobato, ha recalcado, en ningún momento le hizo referencia sobre esta cuestión después de ese día.

La testigo también echó balones fuera cuando le preguntaron cómo sabía que el correo se iba a publicar cuando les escribió a Lobato (quien insistía en que le constatara que se había publicado antes de exhibirlo en la Asamblea): «Va a salir antes, para el control». Según la testigo, ella no se refería a la prensa sino a que lo iba a divulgar Más Madrid antes de que la sesión parlamentaria de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso comenzara.

Ante el magistrado Ángel Hurtado también compareció Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación, quien negó que instara a David del Campo, jefe de Gabinete de Lobato, a que este mostrara en la Asamblea el correo del novio de Ayuso. Se limitó a mandarle diversas noticias ya publicadas sobre González Amador, manifestó en una declaración que fuentes de las acusaciones tildan de «inútil» y «poco relevante».

"Estamentos de la Administración Estatal o del PSOE"

La Guardia Civil sostiene que, a la vista de los mensajes del móvil de Lobato (quien puso a disposición su teléfono y el acta notarial con la que quiso cubrirse las espaldas para no verse salpicado por la investigación a García Ortiz) entre el 13 y 14 de marzo "distintos escalones directivos, a nivel regional y nacional, están al tanto de las informaciones que se publican" sobre el novio de Ayuso, "intentado coordinar actuaciones en este sentido". De hecho, apunta directamente en ese informe a "otros estamentos de la Administración Estatal y/o del PSOE" que también sabían de la existencia de ese correo y pretendían que Lobato "lo hiciera público".

Sánchez Acera y Vallés son, según la UCO, dos de las cinco personas que tuvieron conocimiento de ese correo -que el fiscal general del Estado reclamó insistentemente a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y esta, a su vez, al fiscal del caso, Julián Salto, la noche del 13 de marzo del pasado año- "antes de ser publicado en ningún medio". Las otras tres eran Juan Lobato, que ante la insistencia de Sánchez Acera de que lo exhibiera en la Asamblea en la sesión de control al Gobierno de Ayuso reclamó insistentemente que le confirmaran que se había publicado ya en la prensa; la directora de Comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada; y el en esas fechas director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, actual secretario de Estado de Comunicación

En la convicción con la que Sánchez Acera trasladó a Lobato la misma mañana del 14 de marzo que esa carta del abogado de González Amador a la Fiscalía reconociendo el fraude tributario iba "a salir antes" de la sesión en la Asamblea de Madrid, la UCO ve un indicio relevante de que sabía que el correo "habría sido facilitado a algún medio de comunicación para que lo divulgase antes del inicio de la sesión del Pleno". De ahí que le atribuya "un cierto dominio de la acción o de cómo sucederá".

"Un rol superior de coordinación"

En esa sesión, y con ese correo como estilete, la consigna estaba clara. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, había apremiado ya a Lobato a reclamar la renuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Tiene que salir todo el PSM pidiendo la dimisión de Ayuso", le escribió el 13 de marzo por la mañana.

El día anterior a que la carta de la defensa de Ayuso se publicara de forma íntegra en ElPlural.com, Sánchez Acera ya había trasladado a Lobato informaciones sobre el novio de Ayuso y le advirtió de que Vallés le conminaba a que estuviera "en guardia permanente porque esto va a ir a más". El correo se publicó a las 9:06 del 14 de marzo, 36 minutos después de que la entonces asesora de Moncloa remitiese a Lobato una imagen del mismo a las 8:29:57. La UCO descarta de esta forma que accediere a esa "carta" a través de la publicación en un medio de comunicación, pues este hecho todavía no se había producido.

En cuanto a Vallés, la unidad policial cree que "podría tener un rol superior de coordinación respecto a la información" que Moncloa manejaba sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que lo considera, dado su "posicionamiento referencial" en la "vertiente mediática" de la divulgación de esa información, "una de las personas que pueden indicar cuál es el origen" de la misma y si esta procedía de la Fiscalía General del Estado, tal y como sospecha el juez Hurtado.