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Sánchez declara la guerra a los jueces para tapar la negociación en Suiza

Ordena buscar el choque con la cúpula judicial para tapar la negociación clandestina con Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (C), atiende a la prensa a las puertas de la capilla ardiente de la actriz y cantante Concha Velasco, instalada este sábado en el Teatro de La Latina de Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (C), atiende a la prensa a las puertas de la capilla ardiente de la actriz y cantante Concha Velasco, instalada este sábado en el Teatro de La Latina de Madrid.VICTOR LERENAAgencia EFE

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont volverá a ser candidato de Junts en las próximas elecciones europeas, pero no está tan claro que quiera ser candidato en las autonómicas, ni tampoco que pudiera serlo, de querer, por más que sea una constante en el debate político y mediático. Miembros del Gobierno lo descartan. Sí ven mucho más claro que están en manos de un político «imprevisible», hablan de él como una persona «ciclotímica», muy sujeta a las circunstancias, y al que le mueve, ante todo, su enfrentamiento con ERC y Oriol Junqueras. Esta guerra personal complica la negociación del PSOE con las dos partes y añade más riesgos a una estabilidad precaria en la que Pedro Sánchez tiene que ir haciendo equilibrios en el alambre con un coste institucional irreversible.

Para sobrevivir, Moncloa ha optado por hacer del Poder Judicial la «diana» sobre la que volcar toda su furia, y tiene el apoyo de Puigdemont, de Junqueras y de la izquierda a su izquierda. Es estrategia de supervivencia, en la que contarán con la ayuda de la decisión de la cúpula judicial de responder a dentelladas, como ya lo están haciendo, con el grave riesgo para el Estado de Derecho que se deriva de este choque entre poderes independientes.

La ley de amnistía que tramita el Congreso tiene entre sus objetivos atar de manos a los jueces, pero no podrán evitar que el Tribunal Supremo plantee la cuestión de constitucionalidad, y también incluso una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, movimientos que demorarán por meses la aplicación de la amnistía a Puigdemont, y puede que también a Junqueras, depende de cómo y cuándo se formalicen los recursos. A Moncloa este enfrentamiento con los jueces le sirve, o eso creen, para aglutinar a la izquierda y para poner sordina al malestar en sectores socialistas con la negociación clandestina con Puigdemont. La cúpula judicial y los jueces son -según dicta el argumentario oficial- «la mano ejecutoria de la derecha y de la extrema derecha» y esto les ha exigido también asumir la visión del independentismo y de Podemos sobre la despolitización de la Justicia, impunidad para los políticos, así como hacer suya la acusación a los jueces de prevaricar en sus resoluciones por motivos políticos. Esto supone entrar en una dinámica de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la que las dos partes entienden que sólo puede ganar una de ellas, y aquí sí que ya hay una amenaza seria de quiebra para el Estado de Derecho.

Esta última semana ha dejado, además, la confirmación de que el Gobierno de coalición nace enfrentado a todos. Los jueces, Bruselas y terceros países, pero es un ruido que en parte es intencionado porque encontrar enemigos externos es una vía de escape para derivar la atención a otras cuestiones distintas a las cesiones a Puigdemont y al independentismo. En la guerra entre el Gobierno de coalición y la cúpula judicial es relevante tener en cuenta lo que se escucha en el ámbito jurídico, y no sólo entre las togas que Moncloa señala directamente. «Estamos ante un proceso involutivo que va a dejar unas heridas de muy difícil reparación». Desde el sector conservador del Poder Judicial acusan, además, a Sánchez de querer someter al control gubernamental a todos los poderes del Estado, y creen que buscan «callarles por estrangulamiento, utilizando mentiras para ganarse el favor de una parte de la sociedad». De una y otra parte es un clima nada positivo para la salud institucional. No hay ninguna posibilidad de que en este contexto pueda llegar a haber un acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el ministro Bolaños ha tenido que volver a reiterar esta semana en Bruselas que no se apoyarán en su alianza con independentistas y nacionalistas para cambiar las mayorías necesarias para ejecutar esta renovación pendiente del Consejo, que el lunes cumplirá cinco años. Una crisis que amenaza con llevar al colapso judicial.

Moncloa se revuelve contra toda la presión externa atribuyendo a la derecha y a la extrema derecha la causa de todos sus problemas, igual que éste fue el argumento que utilizó para justificar su cambio de criterio sobre la amnistía, los verificadores o el pacto fiscal para cerrar el acuerdo de investidura con Puigdemont. Lo que no tienen bien medido es hasta dónde puede llegar el duelo entre Puigdemont y Junqueras y la factura que puede costarles a ellos. Moncloa continúa trabajando en difundir en medios próximos el mensaje de que todo el ruido que harán los independentistas se quedará en nada, y que el tiempo demostrará que de esta bronca quienes salen más beneficiados son los socialistas catalanes y vascos, mientras que ERC y Junts se erosionan mutuamente, igual que ocurre en el País Vasco entre PNV y Bildu. El último Sociómetro, que publicó el viernes el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, vaticinaba una victoria a la baja del PNV, que obtendrían 29 escaños, dos menos que en 2020, y a sólo cuatro escaños de EH Bildu. Esta evolución del marco vasco, con Bildu en subida constante, también se la atribuyen como una victoria propia en el entorno de Pedro Sánchez.