Sánchez iguala la reunión con Junts a las de Aznar con ETA

El Gobierno ha emprendido la labor de la pedagogía ante las continuas discrepancias que sigue generando la ley de la amnistía y la figura del mediador como principales herramientas para que el PSOE continúe en Moncloa. Es por eso que desde hace semanas, en el Ejecutivo vienen defendiendo la necesidad de la concesión del borrado penal de los independentistas para favorecer la convivencia.

Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continuó esta senda e insistió en la necesidad de aprobar la ley de amnistía para ser investido. «Hay que hacer de la necesidad virtud. No era el paso que tenía pensado dar, pero el 23 de julio propició un escenario que tuviéramos que tomar esa decisión», explicó en una entrevista en la Cadena Ser. El también líder socialista reconoció que no iba a contar «con el aplauso de la mayoría de la población», pero que cree que «el conjunto de la sociedad española se va a ver beneficiado».

El presidente del Gobierno hizo una comparación que levantó la polémica inmediatamente. Aseguró no entender las críticas del PP con el mediador porque el Gobierno de José María Aznar se reunió con ETA en Suiza. «Me llama mucho la atención que la derecha haya puesto el grito en el cielo y se haya dado golpes en el pecho (por la reunión con Junts). Si uno mira hacia atrás, en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas que afectaban a la violencia y el fin del terrorismo, recuerdo al Gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso ETA», dijo. Para el Gobierno, la ley tiene «dos propósitos nobles», que serían la convivencia en Cataluña y la superación de un contencioso «que tanto dolor provocó».

Sobre los acuerdos con los independentistas para que descanse su gobernabilidad, aseguró que la amnistía y los pactos con ERC y Junts estarán dentro de la Constitución «y, a partir de ahí, son mesas entre los partidos políticos sobre lo ya escrito». Defendió que la reunión ha sido en Ginebra porque «algunos actores no viven en España, viven en Bruselas» y defendió que la amnistía supone poner el contador «a cero», pero no el de la memoria. «Ya lo dije con los indultos, era llevar a ese punto, antes de 2017, cuando nos separamos. Es poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero. Todos debemos de extraer conclusiones. Me llama la atención, en negativo, lo que estamos viendo en el PP, que después de todo vuelve a utilizar la cuestión catalana como un elemento de confrontación. Yo abogo por la normalización y la superación de los conflictos. Amnistía significa poner el contador a cero no la memoria a cero. Lo importante es la intención de excepción a la norma». El presidente defendió que con Junts se está negociando «lo que está publicado. Hemos hecho públicos todos los acuerdos. La de Ginebra es la primera reunión de otras muchas. El objetivo es restaurar la convivencia en Cataluña», aseguró. Justificó la necesidad de la discreción para que las negociaciones salgan adelante. «Hay que diferenciar secretismo de discreción», dijo.

Precisamente, su petición de discreción llega después de días de secretismo sobre todo lo que rodeaba a la figura del verificador y de la reunión en Ginebra entre PSOE y Junts. Allí, ambos partidos acordaron la planificación de trabajo y el nombre del verificador, el presidente del Gobierno justificó la necesidad de esas reuniones y desveló que no será la misma figura que opere en las reuniones que su partido mantenga con ERC.

Lo que sí evitó es contestar si Puigdemont debe o no responder ante la Justicia. «Es un debate legítimo», reconoció, pero en vez de dar una respuesta puso el acento en que «lo más relevante» es que «entre todos logremos superar lo que pasó en 2017».

Palabras que pronunció el día que se cumplen cinco años de bloqueo entre los grandes partidos para consensuar la renovación de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, lo cual supone que el actual Consejo haya duplicado ya su mandato. El camino, en la nueva legislatura, sigue siendo el mismo y no hay mimbres para encontrar un ápice de optimismo para el punto de encuentro entre PSOE y PP.

En este sentido, el presidente del Gobierno acusó al PP de practicar «lawfare» por, a su juicio, negarse a renovar el Poder Judicial. Tal y como explicó, «no hay caso más paradigmático de ‘lawfare’ en España que este secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial». Por ello, Sánchez tendió la mano al PP para volver a intentar la renovación, pero no desveló si llamaría inmediatamente al líder popular. A su juicio, en España «no hay un problema de separación de poderes», sino que el «principal partido de la oposición tiene de rehén al Poder Judicial». Criticó que las consecuencias son «terribles». Además, vinculó el bloqueo directamente al hecho de que los cinco años del órgano caduco coincidan con su mandato. «Cinco años de gobierno presidido por el malvado Sánchez, cinco años de bloqueo. No hace falta hacer un croquis», contestó.

E insistió en la idea de que lo que hay que hacer es «exigir al PP que cumpla con la Constitución» y que «podamos desbloquear esta situación». Según el presidente del Gobierno, el bloqueo del órgano de los jueces tiene como «raíz» la no asunción del resultado electoral y el cuestionamiento de la «legitimidad» del Ejecutivo por parte del bloque de la derecha.