Sánchez mantendrá aforados a los acusados de corrupción

La reforma de la Constitución afecta a Gobierno, diputados y senadores y no tiene apoyos para aprobarse.

Pedro Sánchez cumplió los 100 días de gracia al frente del Gobierno cercado por los escándalos y se propuso cambiar el paso con una propuesta que volviera a situar el foco en las luces de su «agenda del cambio» en lugar de en las sombras de su Gabinete. Sánchez quería lanzar «una señal inequívoca de ejemplaridad para que los ciudadanos vuelvan a creer en la política» y este revulsivo llegó con el anuncio de una reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos. Sin embargo, esta iniciativa no es tan ambiciosa como en un primer momento cabría esperar, pues solo afectará a los aforamientos recogidos en la Constitución –en concreto en sus artículos 71.3 y 102.1– que se refieren al presidente del Gobierno, sus ministros, los diputados y los senadores.

Teniendo en cuenta que en España hay alrededor de 250.000 aforados, la reforma que propone Sánchez sólo alcanzará al 0,25% de estos, unos 634. Quedan fuera, por tanto, los que obtienen su fuero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluyó en esta figura a los jueces y fiscales, a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo. También los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las policías autonómicas, que componen el grueso de esta cifra, son unos 230.000, y los gobiernos y parlamentarios autonómicos, cuyo fuero viene recogido en sus estatutos de autonomía. La vocación del Ejecutivo es acometer un primer paso con los aforamientos constitucionales y, en el futuro, proseguir la reforma con el ámbito judicial y el autonómico.

Si el sujeto objetivo de la medida es cuantitativamente insignificante, en lo cualitativo también resulta descafeinado. La ejemplaridad exigida a los políticos se circunscribe en mayor medida al uso –y, en ocasiones, abuso– que se hace de lo público, en concreto, a los casos de corrupción que han supuesto una verdadera lacra para la credibilidad de las instituciones. Si bien en Moncloa querían ampliar los supuestos, el Consejo de Estado en su dictamen estableció que el fuero se restringiera a los «delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo». Esto es, que en el ejercicio de la política seguirán siendo juzgados por el Tribunal Supremo, mientras que si fueran imputados por otras cuestiones de su vida privada, sí les trataría la justicia ordinaria. Moncloa confirmó ayer que el anteproyecto de reforma constitucional «recogerá la propuesta del Consejo de Estado».

La considerable rebaja en las expectativas ha comprometido los apoyos que Sánchez necesita para convalidar la iniciativa en el Congreso.Pablo Casado ya señaló en LA RAZÓN que no «mordería el anzuelo» y Ciudadanos liga su apoyo a que se elimine el fuero a los políticos también en el ejercicio de su actividad. «Si vamos a blindar la corrupción, no jugamos», dijo Juan Carlos Girauta. Pero ni siquiera el socio prioritario del Gobierno se siente cómodo en esta redacción. Unidos Podemos rechaza la reforma que ofrece el Ejecutivo y pide que afecte a los miembros de la Casa Real y que se someta a referéndum.

En este contexto, la medida no tiene los números para salir adelante, a pesar de que Sánchez se vanagloriase el pasado martes en un acto de la campaña andaluza de que lo que «la derecha con mayoría absoluta no ha sido capaz en estos años, nosotros con 84 diputados lo vamos a proponer». El Gobierno pretendía así terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio, por el hecho de ser juzgados por el Supremo, pero la letra pequeña de la iniciativa desluce sus intenciones.