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Sánchez obliga a sus diputados a abandonar sus trabajos privados
Anuncia una batería de medidas de regeneración y transparencia que pretende exportar al resto de grupos del Congreso
La apuesta de Pedro Sánchez por la regeneración y la transparencia no es una novedad, fue una de las primeras marcas características que imprimió al PSOE tras su desembarco como secretario general, y ahora aspira a extrapolarlo también al Congreso de los Diputados a través de la reforma del reglamento de la Cámara Baja que quiere promover si es presidente del Gobierno.
En primer término, estas medidas van a ser asumidas por el Grupo Parlamentario Socialista y entre ellas están los principales ejes del Código Ético que han firmado todos los candidatos del PSOE que concurrieron a las elecciones generales. Sánchez obligará a todos los parlamentarios a renunciar al ejercicio profesional de actividades privadas y garantizará que por aquellas que sí son permitidas, como la docencia, no se perciba retribución. Esto es, limitar que los diputados y senadores sólo reciban la asignación económica que les corresponde por su ejercicio parlamentario.
El PSOE también aumentará la publicidad y transparencia en relación a esta actividad, por tanto, se tendrá acceso a las agendas, viajes y declaraciones de bienes de sus señorías para evitar polémicas como la que afectó al ex presidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago en la pasada legislatura. Se prohibirá la concesión de indultos en los delitos vinculados con corrupción y violencia de género y se elevará la exigencia del régimen de incompatibilidades, obligando a indicar cualquier modificación sustantiva en las declaraciones de bienes durante el mandato.
Sánchez ha presentado estas medidas en un desayuno informativo esta mañana en el Forum Nueva Economía en el que ejercía de presentador del alcalde de Valladolid, Óscar Puente. “No más Gómez de la Serna”, ha dicho el líder socialista, que impulsará la prohibición de concurrir en una candidatura electoral o en su caso la obligación de cesar a quien ostente un cargo representativo en el momento en que se le abra juicio oral por delitos relacionados con corrupción.
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