A. Rojo
Sánchez y su obsesión con los huesos de Franco
El presidente en funciones ha hecho de la exhumación un símbolo de su legado político
El presidente en funciones ha hecho de la exhumación un símbolo de su legado político
La exhumación de los restos de Franco puede considerarse una especie de obsesión para el actual presidente en funciones. Fue el 1 de junio cuando logró triunfar en la moción de censura de Rajoy y el 17 de ese mismo mes el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, anunciaba no solo que el Gobierno exhumaría a Franco por el procedimiento de urgencia sino que «inmediatamente después» se reformaría el Valle de los Caídos para transformarlo en un lugar inspirado en la «reconciliación».
Desde ese momento, un rancio anticlericalismo y la obsesión con resucitar el conflicto de «las dos Españas» han gravitado sobre las declaraciones de los portavoces del Gobierno y del propio Sánchez sobre esta polémica. El líder socialista llegó a asegurar que la exhumación se produciría ese mismo verano de 2018 pero su promesa estrella no acaba de materializarse y ya ha pasado el verano de 2019.
Fue el 13 de septiembre cuando el Congreso convalidó sin que ningún partido votara en contra (Vox aún no estaba en el Hemiciclo) el Real Decreto Ley aprobado el 24 de agosto para exhumar a Franco.
Apenas unas semanas después la familia del general comenzó a luchar contra las decisiones del Gobierno: se opusieron a la exhumación y solicitaron su inhumación en la cripta de la Almudena con todos los honores militares.
Fueron pasando los meses y tras un primer pronunciamiento en el que el Supremo se reservó el derecho de pronunciarse sobre el fondo del asunto, el 21 de diciembre de 2018 la delegación del Gobierno de Madrid emitió un informe en el que desaconsejaba enterrar a Franco en la Almudena. Más tarde, el 15 de febrero de 2019, el Gobierno volvía a mover ficha: se concedieron a la familia 15 días para especificar un lugar alternativo para inhumar al general distinto a la Catedral de la Almudena. Y cumplido el plazo el Gobierno aprueba un decreto que pone fecha a la exhumación: el 10 de junio.
Finalmente, cuando solo faltaban 6 días para que se produjera la exhumación, el Tribunal Supremo paralizó la ejecución del decreto del Consejo de Ministros hasta el día de hoy.
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