El reparto a las comunidades de los menores migrantes no acompañados ha generado una batalla política. Los trabajadores que lidian cada día en estos centros son los que mejor conocen en profundidad los problemas que persisten en su interior. LA RAZÓN ha hablado con los diferentes actores que tienen contacto permanente con estos adolescentes. "La droga y el racismo son el foco de las peleas", describe uno de ellos.

En España hay 247 centros de acogidas de menores que son gestionados directamente por las comunidades autónomas, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La cifra de internos es mayúscula en comparación con las infraestructuras. El Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección de la Infancia en España en 2023 detallaba que había 51.972 menores sin cuidado parental.

Este balance aumenta cada año. El balance de la Fiscalía desveló que los Menores Extranjeros No Acompañados llegados en 2024 a España eran mayoritariamente hombres (4.627), ya que solo se detectaron 238 niñas, siguiendo la tendencia de años anteriores. Así, gran parte de ellos procedieron de Senegal (1.780), seguidos por naturales de Marruecos (1.075), Gambia (657) y Argelia (472).

El racismo de sus peleas

"Los centros están saturados. Nuestras plantas tiene capacidad para unas 80 personas y hay máximos en los que alcanzamos las 160 plazas ocupadas", son las palabras de Alberto (nombre ficticio), trabajador desde hace décadas de una de estas instalaciones. Prefiere guardar el anonimato sobre su puesto y su ubicación para no ser sancionado por las administraciones.

Esta saturación provoca que la convivencia sea tensa entre sus paredes y afloran los problemas. Principalmente entre marroquíes y senegaleses. "No quieren dormir bajo el mismo techo por motivos racistas", lamenta este empleado, que tiene que procurar que los incidentes no pasen a mayores. Con el tiempo ha aprendido a trabajar sin miedo.

El problema es que, a su juicio, el tema de los menores no acompañados es cíclico. Se pone sobre la palestra unas semanas o meses pero luego vuelve al silencio hasta que son noticia de nuevo por sucesos. "Es tan delicado... como una patata caliente que todos se pasan confiando en que no les explote bajo su mandato", añade Alberto.

La "jungla" de los centros de menores

"Si de verdad se interesaran por los menores abrirían más centros y se preocuparían por su educación. No por repartir unas cifras que nos dejan a los trabajadores y a los vigilantes en mano de Dios", expresa cabreado este trabajador. Ha llegado incluso a estar de baja por intentar mediar en una reyerta de dos grandes grupos que intentaron resolver sus diferentes a palos. "Suerte que no había armas blancas", subraya.

Uno de los temas más complejos al que se enfrentan los vigilantes de estos edificios es el tráfico de sustancias estupefacientes. Estos empleados de seguridad se encargan que controlar que no accedan con droga al complejo. "Llegan al centro con móviles nuevos, sudaderas o zapatillas. Nunca nos dicen de dónde lo sacan pero sospechamos que roban a otros chicos", lamenta otro de estos trabajadores.

Los vigilantes están en permanente contacto con los agentes de la Policía Nacional de sus distritos para comunicarles cualquier incidente que pase. Estos funcionarios conocen a fondo la dinámica delincuencia que se produce por parte de algunos de los residentes. "Cometen delitos para poder drogarse y como la pasta no les da, cometen otros delitos y así de forma sucesiva", explican fuentes policiales a LA RAZÓN.

No todos los menores no acompañados son problemáticos. "Hay quien llega se pone a estudiar para buscar trabajo y salir adelante. Algunos se meten en delitos por la pertenencia y presión del grupo. Es una jungla donde prima la supervivencia", afirma uno de los educadores que buscan respuestas y soluciones.

Los educadores han visto en primera persona como algunos de los jóvenes con aspiraciones y con buena conducta han cambiado toda su personalidad por las "malas compañías". Unas captaciones que no se producen solo en el interior. Hay sujetos en el exterior que les engatusan para sus negocios turbios.

Uno de estos funcionarios se encontró hace años con un caso curioso. Uno de los jóvenes a los que estaba tratando desapareció de forma abrupta. No fue localizado nunca más en España. Tenía por aquel entonces 17 años y había nacido Senegal. Llegó a nuestro país a través de un cayuco a Canarias y fue trasladado a la Península junto con otros menores. A los tres meses, por redes sociales, dio con un perfil a su nombre y con su foto. Se había escapado a Alemania y decía que tenía 25 años.

La presión a Madrid

El acuerdo de la distribución de menores migrantes alcanzado por Pedro Sánchez con Junts supondrá una mayor asfixia para la Comunidad de Madrid. La región de Isabel Díaz Ayuso acoge a más de estos jóvenes que Cataluña en función de la población.

Según las cifras de 2024, Cataluña atendió a 33 menores por cada 100.000 habitantes (un total de 2.643 con 8 millones de habitantes) y Madrid a 34,8 por cada 100.000 habitantes (un total de 2.442 con 7 millones de habitantes). Desde 2019 la región central ha atendido a 10.618 de estos adolescentes.

En lo que llevamos de año, en 2025, los especialistas madrileños han atendido a 937 menores. Tienen tres principales centros de primera acogida el de Cantueña en Fuenlabrada, y Casa de Campo y Hortaleza en Madrid. Hay más centros de tamaño pequeño y pisos en distintos municipios, según explican fuentes del Gobierno regional a LA RAZÓN.

No obstante, el edificio de Fuenlabrada está generado una gran tensión política ya que el alcalde socialista de la localidad Javier Ayala ha rechazado su acogimiento. "Intentan meter 700 en un espacio de 100", ha llegado a proferir.