El Senado aprueba la reforma del Reglamento para frenar las prisas de PSOE y separatistas con la amnistía

El Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, ha aprobado este martes la reforma del Reglamento para frenar las prisas que tienen PSOE y separatistas de dar luz verde a la ley de amnistía. La reforma del Reglamento ha salido adelante con el apoyo de 146 senadores y 116 votos en contra y ha quedado aprobada 24 horas después de que el PSOE registrara la ley de amnistía en el Congreso: los socialistas la han impulsado para que se tramite por la vía de urgencia, aunque todavía no ha iniciado el recorrido parlamentario porque la Mesa no la ha calificado.

En concreto, la reforma del Reglamento afecta al artículo 133 y al artículo 182: el 133 está dirigido a la amnistía ya que plantea que sea el Senado quien tenga la potestad de decidir cuáles son los tiempos de tramitación en la Cámara Alta (si es por vía de urgencia son 20 días, mientras que sí es por vía ordinaria son dos meses); y, el 182 está dirigido a forzar que el Gobierno comparezca en el Senado y evitar que se salte las peticiones.

En este sentido, respecto al artículo 133, el Reglamento incorporará un nuevo punto, que dirá lo siguiente: "En las proposiciones de Ley, la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia, cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores". Es decir, el Senado tendrá potestad para decidir si una ley se tramita por vía de urgencia u ordinaria, sea cual sea la vía con la que se haya tramitado previamente en el Congreso: es este sentido, los socialistas, al registrarla, ya han escogido la vía de urgencia. Los tiempos son importantes porque el PSOE pretende quitarse la ley de encima lo antes posible porque es un asunto incómodo, mientras el PP apuesta por dilatar la tramitación para poder citar a comparecer a expertos que valoren la ley.

Sobre el artículo 182, que actualmente contiene dos puntos, se añaden seis más: los actuales puntos 1 y 2 pasan a ser el 7 y 8. En los seis primeros puntos se introduce el marco reglamentario para que el presidente del Gobierno comparezca en el Senado. El primer punto dice lo siguiente: "El Presidente del Gobierno, a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, comparecerá ante el Pleno del Senado para informar sobre un asunto determinado. Estas comparecencias podrán ser solicitadas por dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los miembros de la Cámara". De esta manera, el PP quiere evitar que Pedro Sánchez dé plantón al Senado cada vez que se le cite porque hasta ahora el Reglamento no contemplaba las comparecencias del presidente del Gobierno y eso abría la puerta para que el líder socialista ignorara la Cámara Alta.

La portavoz del PSOE Eva Granados Granados ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de la reforma reglamentaria. "Hoy es un día aciago para el Senado. La reforma del Reglamento que perpetra el PP es un atropello a los derechos de los senadores", ha señalado Granados, quien sostiene que "solo el Gobierno y el Congreso pueden decidir la urgencia de un proyecto". Manuel Fajardo (PSOE), en el turno de portavoces, ha confiado en que el TC tumbe la reforma reglamentaria: "Espero que el Tribunal Constitucional les dé el repaso que se merecen", ha señalado, en respuesta al PP.

El senador del PP Eloy Suárez ha cargado contra el "doble rasero" del PSOE: "¿Por qué el PSOE puede hacer lo que le da la gana cuando le da la gana y el PP no puede hacer una modificación del Reglamento?". En este sentido, ha recordado que los socialistas cambiaron el Reglamento del Congreso "en un día" para habilitar el uso de las lenguas cooficiales en septiembre (se tramitó por lectura única), mientras que la reforma del Reglamento del Senado se ha alargado dos semanas. Suárez ha dicho que la intención de dilatar los plazos de tramitación es que puedan desfilar expertos en la materia para que opinen sobre la amnistía: "Ustedes no quieren que vengan aquí jueces, fiscales, abogados... no quieren que se conforme una opinión jurídica en esta Cámara sobre la aberración de la amnistía".

Lo cierto es que, de momento, la ley tan solo ha dado su primer paso: ha quedado registrada en el Congreso y, previsiblemente, el martes que viene será calificada por la Mesa (los letrados hacen las observaciones técnicas). A partir de ahí, se debe decidir si se tramita por lectura única (se aprobaría en una misma semana) o no: si no es así, se puede alargar la tramitación en torno a tres semanas (tomando como referencia temporal la reforma del Código Penal del año para suprimir la sedición). En cualquier caso, todo apunta a que hasta el mes de abril, la norma no obtendrá la luz verde de las Cortes.

A partir de ahí, ya se podrá aplicar de inmediato ya que así lo estipula la propia norma: en el artículo 10, se especifica que los órganos judiciales, administrativos o contables deberán adoptar las decisiones oportunas en cumplimiento de la ley con carácter "preferente y urgente". Es decir, en menos de dos meses deben haberse resuelto todos los expedientes y, aunque el Tribunal Supremo presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, no permitirá la suspensión de los efectos de la ley.

La ley es una ley orgánica por lo que requerirá de una mayoría absoluta: es decir, de 176 apoyos. De momento, para ello, el PSOE cuenta con 178, ya que la diputada de Coalición Canaria votará en contra. De nuevo, a la hora de la votación, se posarán los ojos sobre diputados del PSOE de zonas con más rechazo a la amnistía, como Castilla-La Mancha.