Los socios temen un revés en la legislatura tras el «caso Koldo»

El «caso Koldo» ha acaparado todos los focos políticos y mediáticos cuando se cumplen 100 días del estreno del nuevo Gobierno de coalición y monopoliza ahora todas las conversaciones políticas en el Congreso de los Diputados. A menos de una semana de que el Parlamento vuelva a fijar la mirada en la aprobación de la ley de la que depende la viabilidad de la legislatura, hay voces de que ya abundan en su temor de que las informaciones que van conociéndose día a día sobre la presunta trama corrupta a base de comisiones en lo peor de la pandemia pueda tener su efecto colateral en el devenir del Gobierno en lo que afecta a la vida legislativa.

Algunos de los partidos que apoyan al PSOE tanto en el Gobierno como en el Congreso de los Diputados comienzan a analizar ya el impacto del «caso Koldo» y, de hecho, fuentes parlamentarias reflexionan que, si ni la amnistía o la polémica ley del «solo sí es sí» dañaron al Gobierno, la sombra de la corrupción sí puede influir en la actual legislatura. Algunos de los partidos que apoyan al Gobierno creen que un Gobierno que nació para combatir la corrupción se encuentra ahora al acecho por la vinculación de Koldo García al exministro de Transportes, unido a los contratos dudosos que van poniendo en tela de juicio la actuación de presidentes autonómicos socialistas. Es el caso de la expresidenta de Baleares, la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Si bien, los propios aliados defienden la actuación del PSOE y no dudan de que pueda salpicar el caso al propio presidente del Gobierno, el temor les lleva a pensar que el partido mayoritario de izquierdas «puede sufrir un alto desgaste» durante la investigación de este caso, según explican fuentes de distintos partidos a este diario. Una oportunidad que creen que «ya está aprovechando y seguirá explotando el PP», para agotar hasta la extenuación al Ejecutivo. Precisamente, el PP ha pedido ya la dimisión de la presidenta del Congreso, la cuál, según los populares «no puede seguir como presidenta en el próximo pleno». Sin embargo, el PP va más allá y advierte de que el «caso Koldo» es ya el «caso Sánchez». Ante esta reacción, la vicepresidenta segunda del Gobierno denunció ayer la intención del bloque de la derecha de intentar «tumbar» a la coalición.

Otros socios de la coalición inciden también en que el caso de corrupción puede «generar un poso importante» en el sentimiento del votante de izquierdas a la hora de ir a las urnas. Creen que la corrupción es uno de los asuntos que más censuran sus afines, según reflexionan en las filas de Sumar.

A la vez, el Ejecutivo busca ya salirse de la fotografía que hoy les penaliza y ven como un balón de oxígeno la próxima semana en la que se decidirá finalmente el devenir de la ley de amnistía. En el Gobierno están convencidos de que la ley saldrá adelante el próximo 7 de marzo, que es cuando concluye el plazo para que la amnistía se vuelva a debatir y votar en la Comisión de Justicia. Si no se cumple, la medida de gracia decaerá definitivamente, salvo que el PSOE vuelva a usar su mayoría en la Mesa del Congreso y pida una nueva prórroga para ganar más tiempo pese a las dudas jurídicas que ese movimiento genera. En el Ejecutivo llaman a la discreción en los últimos días de negociación, y ante la decisión del Tribunal Supremo de imputar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont, niegan que ello pueda pesar en el sentimiento de Junts. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero aseguró que «no provoca ninguna interferencia» en las negociaciones. En la misma línea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños defendió que la decisión del Supremo solo significa «asumir la investigación» e «investigar unos hechos que se pueden calificar en diferentes delitos». En el Gobierno niegan que los hechos sucedidos en el referéndum independentista sean delito de terrorismo, por lo que buscan limitar la investigación que emprende el Supremo.