El Supremo se pone en guardia: "Son los prolegómenos a la supresión del Estado constitucional"

La tensión entre el Ejecutivo y sus socios de investidura y el Poder Judicial ha llegado a su punto más álgido con los ataques de Junts a los jueces. Tras las acusaciones de "lawfare" y la creación de las primeras comisiones de investigación para revisar actuaciones judiciales, el señalamiento de la portavoz parlamentaria del partido de Puigdemont, Miriam Nogueras, a magistrados del Tribunal Supremo, a quienes tachó de "indecentes" y acusó de "retorcer" la ley para perseguir al independentismo, ha provocado el rechazo unánime de las asociaciones judiciales, generando un notable malestar en la carrera judicial. Este nuevo encontronazo -todavía latentes las previsibles fricciones que acarreará la aplicación de la futura ley de amnistía- precipitó incluso la cancelación de la reunión que iban a mantener el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, suspendida a última hora por el primero alegando imprevistos sobrevenidos que escondían en realidad la indignación y perplejidad que habían despertado en el alto tribunal las acusaciones de Junts ante el silencio de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por LA RAZÓN no esconden su preocupación por lo que consideran inaceptables declaraciones de Nogueras -ratificadas después por el secretario general de JxCat, Jordi Turull- y la tesitura ante la que se va a situar a los jueces cuya citación se reclame para comparecer en esas comisiones parlamentarias de investigación. "Esto va a ir a más", asumen antes de dejar claro que "si el Parlamento reclama a un magistrado que comparezca, lo que tiene que hacer es negarse".

"El ciudadano no puede ver esto como un episodio más de una mera refriega entre políticos, sino como lo que es: los prolegómenos, que cada vez se acercan mas, de la supresión del Estado constitucional", añaden esas mismas fuentes. "No sirve de nada llamarse a engaño después -subrayan-. Esto supone hacer saltar por los aires los principios básicos del Estado de derecho y la separación de poderes".

En el alto tribunal -blanco de esa ofensiva dialéctica del independentismo- sostienen que los ataques de Junts "son absolutamente inconcebibles". Una conclusión, dicen, a la que puede llegar, sin necesidad de ser juez, "cualquier persona que vea las cosas con ecuanimidad y con un mínimo de sentido común". "Es un panorama inimaginable", lamentan, "pero esa es la realidad con la que nos encontramos hoy en día".

Ante la más previsible futura citación de magistrados a declarar ante esas comisiones -como ya sucedió por el espionaje con el sistema Pegasus al independentismo-, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá la próxima semana la legalidad de esas comisiones parlamentarias y discutirá sobre la obligación o no de los jueces citados de acudir o no a declarar. Una comparecencia a la que ya se negó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control del CNI, cuando el Parlament le citó el pasado marzo en dos ocasiones para acudir a la comisión de investigación de la Cámara autonómica. Entonces, Lucas esgrimió el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que establece que "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia"-, su deber de secreto recogido en la ley reguladora del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia y señaló que al no desempeñar cargo administrativo alguno en Cataluña, ni fuera de ella, no estaba obligado a cumplir lo que establece el Estatut respecto a los llamamientos a comparecer en comisiones de investigación de la Cámara catalana.

A la espera de la decisión que adopte el Pleno, fuentes del CGPJ no disimulan su malestar por lo que consideran una ofensiva contra los jueces. "Van a arruinar la carrera judicial", alertan. "Piensan que la Transición fue incompleta y se quedó sin hacer la de la carrera judicial, porque somos todos fachas; y con esa estrategia, cuanto peor, mejor". Y al margen de los ataques de Junts, y los de Podemos en la pasada legislatura, apuntan que "el agente principal es el PSOE: quiere dominar el CGPJ para manejar la carrera judicial a su antojo".

En esa misma línea, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más representativa de la carrera judicial, reaccionaba el pasado martes en "X" (antes Twitter) a las palabras de Nogueras. "¡Ahora todo vale! La amnistía es la primera humillación a nuestro Estado de Derecho. El resto viene ya por añadidura. Cuando das el primer paso y abres este melón, lo demás viene de carrerilla", escribía antes de comentar, después de que la portavoz de Junts cargara expresamente contra los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, y Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés", entre otros: "Señalando con nombre y apellidos. Pronto nos pondrán las estrella de brazalete. Qué peligrosa es la deriva que llevamos. Este es el pacto de investidura PSOE-Junts. Empieza la cacería". "Es el principio del fin", apostillaba.