La dirección general de los Mossos d’Esquadra ha acordado de forma cautelar suspender de empleo y sueldo a los tres agentes que fueron detenidos por supuestamente haber ayudado al expresident Carles Puigdemont a huir de sus propios compañeros del cuerpo que lo intentaron detener en su reaparición en Barcelona tras casi siete años prófugo de la Justicia.

A los tres agentes se les ha sido incoada por parte de la policía autonómica catalana un expediente con carácter preventivo mientras avanza la investigación judicial contra ellos. Fueron detenidos horas después de la no captura de un líder de Junts sobre el que pesa una orden nacional dictada por el Tribunal Supremo en el marco de la causa del «procés».

Los propios Mossos detuvieron a los tres agentes por supuestamente prestar protección y auxiliar a Puigdemont a eludir la acción policial y, por consiguiente, la del Alto Tribunal que lo reclama. Los tres pasaron a disposición judicial y, poco después, fueron puestos en libertad sin que se les fuera impuesta medida cautelar alguna, como pedía la Fiscalía.

Llegaron a pedir dos de ellos, estando bajo custodia policial, que se les fuera aplicado el derecho al «habeas corpus» para que fuera analizada su detención porque, alegaron, sería ilegal. Una solicitudes que el juzgado de guardia sobre el que recayó el encargo de resolverlas desestimó en ambos casos.

Uno de los detenidos es el propietario del vehículo con el que huyó Puigdemont, pero alegó que prestó el coche a una amiga que va en silla de ruedas, la mujer que conducía el vehículo en el que abandonó –según el informe de los Mossos–, vistiendo una gorra de béisbol azul oscura y junto al dirigente neoconvergente Jordi Turull, según el informe de los Mossos, el escenario del Arco del Triunfo desde el que previamente había intervino con razón de la investidura de Illa y ante cientos de sus seguidores.

En dicho informe remitido al magistrado Pablo Llarena, después de que este requiriese explicaciones de los elementos policiales técnicos detrás del fracaso del dispositivo desplegado para detener al prófugo, los Mossos admiten que la «maniobra de distracción» del expresidente catalán, en un movimiento que «escapa a toda lógica racional o política», les sumió en una situación de «confusión» e «incertidumbre» que impidió detenerle.

Concretamente, uno de ellos formaba parte del equipo de escoltas de Quim Torra como expresident de la Generalitat y se encontraba de permiso por vacaciones en el momento de los hechos por los que se le investiga ya en los juzgados de Barcelona, al igual que a los otros dos implicados. Lo reveló el propio Torra al pedir directamente a la conselleria de Interior, entonces en funciones, aún con ERC, su vuelta al servicio.

Por su parte, contra estos tres mossos se querelló Hazte Oír por delitos de omisión del deber de perseguir delitos por autoridad o funcionario, denegación en el cumplimiento de resoluciones judiciales, denegación de auxilio a la Administración de Justicia y de encubrimiento.

Pidió la asociación al juez que se les aplicasen como medidas cautelarísimas la inmediata suspensión en sus funciones públicos –como así lo han decidido ahora los Mossos– y que se les impusiese la prohibición de salir del territorio nacional, incluyendo la entrega del pasaporte.