El TC tumbará la reforma que frenó la amnistía en el Senado

El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para anular la reforma del Reglamento del Senado aprobada en noviembre de 2023, gracias a la mayoría del PP, que permite a la Cámara Baja demorar hasta dos meses la tramitación de una proposición de ley. Esa modificación retrasó la aprobación de la Ley de Amnistía y si resulta fulminada por la corte de garantías allanará el camino a la tramitación de la «ley Begoña», la reforma que impulsa el PSOE para amordazar a la acusación popular y dar carpetazo así a las investigaciones judiciales por tráfico de influencias a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez. Y es que dado que la proposición de ley socialista contempla su aplicación a procedimientos en curso una vez entre en vigor, cualquier demora en su aprobación (añadida a la tarea del Gobierno de convencer a sus socios para sacar adelante la iniciativa) reduciría las posibilidades de archivar las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez (que sostienen las acusaciones populares en contra del criterio de la Fiscalía).

El exministro Campo, ponente

Cincuenta senadores socialistas recurrieron esa reforma y la ponencia de esa sentencia –que asumió el exministro de Justicia Juan Carlos Campo– considera inconstitucional, según las fuentes consultadas, esa modificación del Reglamento del Senado.

En particular, señalan esas mismas fuentes, el fallo ve contrario a lo que dispone la Carta Magna en su artículo 90.3 que el Senado se arrogue la posibilidad de ampliar a dos meses el plazo para tramitar proposiciones de ley consideradas urgentes. Ese artículo estipula que el plazo de dos meses del que el Senado dispone para vetar o enmendar el «proyecto» se reducirá a veinte días «en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados».

La ponencia concluye que esa mención a «proyectos» no debe interpretarse en un sentido literal sino contextual, puesto que incluye tanto los proyectos de ley en sentido estricto como las proposiciones de ley. Por tanto, el borrador de sentencia sostiene que ese límite de veinte días que fija la Constitución para tramitar la propuesta legislativa en el Senado en caso de declaración de urgencia se aplica tanto a los proyectos como a proposiciones de ley.

Fuentes del Tribunal Constitucional dan por hecho que la ponencia será respaldada por la mayoría progresista (siete de los doce magistrados) en el Pleno que se celebra la próxima semana, a la que no descartan incluso que finalmente se sume algún voto de magistrados conservadores.

No puede "ralentizar" las decisiones del Congreso

El borrador de sentencia coincide con los senadores socialistas que recurrieron la reforma en que el término «proyectos» solo puede entenderse «en sentido amplio», por lo que la aplicación del procedimiento de urgencia no puede quedar en manos del Senado, algo que consideran «claramente inconstitucional» al dar la espalda a la previsión de la Carta Magna. De esta forma, exponían en su recurso, se quiebra el papel constitucional de la Cámara Alta en el procedimiento legislativo. «El Senado no está en condiciones de ser el contrapeso de la Cámara Baja», señalaron los recurrentes, pues no le compete, en su papel de Cámara de segunda lectura, «moderar o ralentizar las decisiones» del Congreso «en lo que a la tramitación de urgencia de las iniciativas legislativas se refiere».

El PP justificó la modificación del Reglamento en la necesidad de reforzar la función legislativa del Senado, otorgando el tiempo necesario a los senadores «para el análisis y debate» de las iniciativas legislativa.

Pero para los socialistas esa reforma supone «abrir la puerta a que se pueda cambiar radicalmente la relación entre las dos Cámaras» establecida por la Constitución en relación a sus funciones legislativas. Algo que acarrearía, alertaban los senadores recurrentes, «una crisis sin precedentes del Poder Legislativo».