Ultimátum de la Audiencia a la defensa del «frente de cárceles» de ETA

Le obliga a presentar antes del 1 de marzo un informe que ha retrasado la causa un año

La Audiencia Nacional no quiere que se demore más la celebración del juicio que sentará en el banquillo a los abogados Arantza Zulueta, que cumple ahora tres años en prisión, Jon Enparantza y a otros ocho acusados de integrar Halboka, el «frente jurídico» de ETA desarticulado en 2010. Hace ya nueve meses que la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentaron sus respectivos escritos de acusación pero, a día de hoy, los abogados de los procesados –que se enfrentan a penas de entre siete y doce años de prisión por ejercer supuestamente de enlace entre la dirección de la banda terrorista y los etarras encarcelados– no han presentado aún sus escritos de defensa, impidiendo que se señale la fecha para el comienzo del juicio.

El motivo del retraso, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo considera una actitud «claramente dilatoria y rayana con la mala fe procesal», es la elaboración de un contrainforme pericial solicitado por la defensa de siete de los acusados –Zulueta y Enparantza entre ellos– para analizar los dispositivos informáticos intervenidos a sus defendidos en los registros policiales.

La Audiencia Nacional accedió a la petición de los letrados y devolvió la causa al Juzgado de Instrucción número 3 para no cercenar su derecho de defensa y entregó el material a los dos peritos designados por las partes el 15 de diciembre de 2015. Más de un año después, el informe pericial sigue sin concluirse, lo que ha agotado la paciencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside la magistrada Ángela Murillo.

En una providencia fechada el pasado 3 de enero –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN– la Sala acuerda remitir un exhorto al Juzgado decano de Bilbao para que cite a los dos peritos para que «informen sobre el estado actual del dictamen que están elaborando». Y, en todo caso, les insta a que «remitan dicho informe en el estado en que se encuentre» antes del próximo 1 de marzo para salvaguardar el derecho a un proceso «sin dilaciones indebidas», un retraso en la instrucción que, precisamente, podrían invocar posteriormente las defensas ante el Tribunal Supremo para intentar rebajar unas hipotéticas condenas.

Los magistrados creen que, transcurrido más de un año, «ninguna merma ha de producir en el derecho de los procesados a la igualdad de armas en el proceso, a la defensa, a proponer los medios de prueba pertinentes y al proceso debido».

El pasado 7 de noviembre, el fiscal del caso, José Perals, ya movió ficha para intentar desbloquear el procedimiento. En un escrito remitido a la Sala, Perals reclamaba al tribunal que instase a las defensas a presentar en un plazo de diez días sus escritos de conclusiones «sin necesidad de que los peritos aporten en este momento su informe», para permitir así que la Audiencia Nacional «señale fecha para el juicio oral».

El representante del Ministerio Público se quejaba de que el procedimiento se estaba retrasando «únicamente por la práctica de una diligencia contrapericial que no está siendo sometida a ningún tipo de control». En mayo del pasado año, seis meses después de recibir todo el material requerido, las defensas remitieron un escrito a la Sala informando de que los peritos ya habían analizado el 61% de la documentación que querían revisar. El fiscal aseguraba entonces que, si en medio año habían analizado más del 60%, era «razonable pensar» que desde esa fecha hubiesen efectuado «el análisis completo».

El abogado de la AVT, Antonio Guerrero, ya alertó en febrero del pasado año a la Sección Cuarta de que la única pretensión de ese iniciativa era «impedir el avance natural del procedimiento» con la «clara finalidad de obstaculizar» la celebración de la vista oral, «dada la situación de prisión provisional que sufren por otra causa» (en la que el juez Eloy Velasco les investiga por integrar un nuevo frente de cárceles de ETA, KT/Koordinazioa Taldea) dos de los procesados, en referencia a Zulueta, que sigue en prisión, y Enparantza, quien salió de la cárcel un mes después para cuidar de sus hijos por la enfermedad de su esposa.