Un agujero de hasta80.000 millones

Han pasado casi 20 años, pero es difícil olvidar el escándalo desatado por la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV). Nació en 1988, avalada por UGT para proporcionar viviendas entre un 30 y un 40% más baratas de lo normal a 20.000 familias. Al año siguiente, se integró en la recién constituida Iniciativas de Gestión y Servicios (IGS), que agrupaba a una veintena de sociedades bajo la presidencia del ex comunista Carlos Sotos –que también presidía PSV–. En 1993, sólo se habían realizado 1.500 y otras tantas seguían en proyecto. La versión oficial era que había un agujero de 14.000 millones de pesetas, pero algunas fuentes hablaban de hasta 80.000 millones. Sotos se vio obligado a dimitir en septiembre. El 22 de diciembre, el Consejo de Ministros lo inhabilitó a propuesta del Banco de España por su gestión. Junto a él, fueron sancionados e inhabilitados varios ejecutivos más. Unos días después, IGS y PSV solicitaron la suspensión de pagos.

Ya en 1994, la Justicia decidió intervenir tras las querellas de los afectados y, casi en paralelo, el Consejo de Ministros asumió el control de la cooperativa. Su plan incluía un aval de 8.500 millones de pesetas para construir las viviendas. En octubre de ese año, se levantó la suspensión de pagos. El periplo judicial, en el que declararon como imputados Sotos y otros gestores, pareció llegar a su fin en 2001, cuando la Audiencia condenó al ex presidente de la cooperativa a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de apropiación indebida sin enriquecimiento. El tribunal estableció también una indemnización de 13.000 millones de pesetas que, teóricamente, debería ser abonada por Sotos. No obstante, su incapacidad financiera para hacerle frente dejó el pago en manos de la UGT, que debería abonar un máximo de 9.940 millones para los cooperativistas y un máximo de 3.069 millones para los de IGS. El sindicato recurrió la sentencia ante el Supremo, que en 2003 lo eximió del pago al considerar que el hecho de que los perjudicados renunciasen a ese derecho en relación con la cooperativa –tras haber recuperado el 75% de lo aportado– era extensible a UGT. Eso sí, el tribunal incidió en que Sotos «contaba con el beneplácito» de la organización sindical, por lo que, en caso de no haber habido renuncia, UGT tendría que haber respondido por los daños causados. Habría tenido que vender su patrimonio y embargar las cuotas de sus afiliados y, por tanto, no sabríamos en qué situación estaría en la actualidad.