Un aprobado general pero con necesidad de más reformas

Hoy la Comisión Europea no expedientará a nuestro país por nuestros desequilibrios macroeconómicos excesivos, pero continuará vigilante para que el Gobierno cumpla con las reformas sin dilaciones. Esto supone un aprobado general ya que el Ejecutivo comunitario renuncia a imponer una supervisión reforzada que suponga en la práctica en el envío de funcionarios comunitarios para analizar sobre el terreno las reformas, una misión paralela a los trabajos de la troika sobre el sistema financiero. Pese a este voto de confianza, fuentes cercanas al Gobierno esperan que Bruselas pida hoy que bienes y servicios que tributan con el IVA reducido del 10% lo hagan con el general del 21% para aumentar la recaudación, una vuelta de tuerca a la reforma laboral y acelerar cambios en el sistema de pensiones.

En las últimas semanas, se han difundido informaciones contradictorias sobre la posibilidad de que el ejecutivo comunitario decidiera dar un golpe de efecto y el Gobierno de Mariano Rajoy ha acelerado las reformas con la aprobación de la reformas educativa, la autoridad fiscal independiente y la ley de emprendedores. En el mes de abril, nuestro país fue el único, junto con Eslovenia, inmerso en rumores de rescate, que recibió un aviso para que anunciara nuevas medidas de manera urgente. Lo que más preocupaba ahora a Bruselas eran las promesas incumplidas y los plazos retrasados. España suspende 6 de los 11 indicadores que miden los cimientos sobre los que se asienta una economía: desempleo, deuda pública, deuda privada, cuota de mercado de las exportaciones, posición neta de inversiones y balance por cuenta corriente.

Prórroga para el déficit

El Ejecutivo comunitario también abrirá la puerta de manera oficial a una prórroga en la reducción del déficit público. Nuestro país dispondrá hasta 2016 para volver a un déficit público por debajo del 3%, aunque todavía se desconoce cuál va a ser el reparto cada año. Por eso, hasta ahora se ha interpretado que este freno en la consolidación fiscal lleva aparejado una intensificación de los esfuerzos en las reformas estructurales. Una estrategia que no sólo afecta a nuestro país sino también a Francia, que gozará de un ritmo de consolidación fiscal cómodo con una prórroga también de dos años.

El informe de abril ya dio pistas sobre las debilidades endémicas de nuestra economía y la receta de Bruselas. Desde entonces, el Gobierno ha abierto la puerta a un retraso en la edad de jubilación al adecuarla a factores de sostenibilidad, como el aumento de la esperanza de vida, que terminen con su vinculación al IPC. La Comisión Europea ya ha advertido sobre la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social española debido al envejecimiento de la población.

Las altas tasas de desempleo, especialmente el juvenil, también resultan inadmisibles en los pasillos de las instituciones europeas. La Comisión Europea pidió el mes pasado un análisis independiente de un organismo internacional. El Gobierno ha elegido a la OCDE y se espera que su informe esté listo a principios de julio. Bruselas siempre ha alertado de la dualidad del mercado de trabajo español entre contratos fijos y temporales y la necesidad de mejorar las políticas activas de desempleo. La reforma laboral del año 2012 ha sido alabada por el Ejecutivo comunitario, que cree que con la nueva normativa se flexibiliza la negociación colectiva y se permite que las empresas opten por la reducción de jornada en vez del despido de trabajadores. A pesar de esto, el equipo económico del vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, cree que la brecha entre los diferentes niveles de protección en el mercado laboral es considerable y el número de contratos fijos no ha aumentado. La Comisión Europea ha elogiado en diferentes ocasiones el esfuerzo realizado en la balanza por cuenta corriente y la internacionalización de las empresas.