Un pacto con Fiscalía y AVT sella el macrojuicio contra el “frente de cárceles” de ETA

La Audiencia condena a penas de entre 18 meses y tres años y medio a los 47 acusados tras rebajar las acusaciones sus peticiones por “confesión tardía”. La Fiscalía reduce de 14 a tres años y medio su petición de condena a sus dos líderes: la abogada Arantza Zulueta y Jon Enparantza

El juicio a los 47 acusados de integrar el “frente de cárceles” de ETA ha concluido por la vía rápida tras el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con las defensas de los procesados, que han admitido que ejercían el control de los presos de la banda terrorista por orden de ETA a cambio de una considerable rebaja en las peticiones de condena a las que se enfrentaban, al beneficiarse de la atenuante muy cualificada de confesión tardía.

En el caso de los dos principales dirigentes de este frente de prisiones, la abogada Arantza Zulueta y Jon Enparantza, Fiscalía y AVT han reducido de 14 a tres años y medio y dos y siete meses de cárcel, respectivamente, sus solicitudes de condena por el delito de integración en organización terrorista en grado de dirigente, que finalmente les impone la Audiencia Nacional en aplicación del principio acusatorio (que impide al tribunal imponer a los acusados una pena mayor a la que reclaman en la vista oral las acusaciones). Zulueta ya permaneció en prisión provisional tres años por esta causa y fue puesta en libertad en febrero de 2017, por lo que su vuelta a la cárcel para cumplir su condena será efímera. La letrada, además, ha sido inhabilitada durante cinco años.

Para los otros 45 acusados -entre ellas la concejal de EH Bildu Amaia Izko y el ex senador de la formación abertzale Iñaki Goioaga, las penas no superan los dos años de prisión por el delito de participación activa en organización terrorista. A dos de los procesados se les impondrá, además, una multa por quebrantamiento de medidas cautelares.

En su escrito de calificación, la Fiscalía y la AVT asegura que este “frente de cárceles” -desarticulado en sucesivas operaciones policiales entre enero de 2014 y marzo de 2015- tenía como objetivo principal dirigir el colectivo de presos garantizando su fidelidad a la dirección de ETA y manteniendo la cohesión de los reclusos, para lo que se servía tanto de abogados del entorno abertzale -además de Zulueta, Alfonso Zenon, Ainhoa Bagglieto y la propia Izko, entre otros- como de la asociación Herrira de apoyo a los presos etarras, la organización de asistencia sanitaria Jaiki y la de respaldo a los familiares de los reclusos, Etxerat.

Uno de sus principales afanes era evitar que los presos etarras se acogieran a presos penitenciarios porque “una aceptación masiva de la legalidad penitenciaria”, advertían las acusaciones, “quebraría totalmente la estrategia de ETA y sería un obstáculo insalvable de cara a obtener sus objetivos, ya que provocaría la desmovilización de sus presos, auténticos militantes de la organización pese a su ingreso en prisión”. Y es que la Fiscalía insistía en que el elemento principal del proceso de negociación al que aspira ETA con los Gobiernos español y francés es “proceder a su desarme a cambio de la libertad de sus presos”. De ahí la importancia de esa estrategia en las prisiones.

Para ese “frente de cárceles” tanto los centros penitenciarios como la Audiencia Nacional son “ámbitos de lucha” y los juicios a los terroristas debían servir “para mostrar la línea política” de ese brazo carcelario de ETA.