Tras una ofensiva diplomática sin precedentes por parte del Gobierno, este martes los Veintisiete tenían previsto abordar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Sin embargo, varios países han solicitado a España que retire su propuesta y no la someta a votación.

A su llegada a la reunión varios países europeos ya habían mostrado sus dudas y pedían más tiempo antes de someter este tema a votación. Finlandia ha sido uno de los países que ha alegado que el tema no está lo suficientemente maduro. Según su ministro de Asunto Europeos, Joakim Strand, es necesario abordar “muy seriamente” las “dudas legales” del servicio de Asuntos jurídicos del Consejo. Concretamente, los expertos legales de esta institución aseguran que los Tratados europeos no fueron redactados originalmente en ninguna de estas lenguas, aunque posteriormente España los ha traducido gracias a un artículo del Tratado de Lisboa.

La minista de Suecia, Jessica Rosencrantz también ha mencionado las dudas legales y los costes. Aunque España se ha comprometido a sufragar este gasto, varios países europeos temen que sea un compromiso meramente conyuntural y que un posterior Gobierno del Partido Popular se niegue a hacerlo. Su homologa austriaca también ha señalado que existen “cuestiones legales y sobre los costes”.

Los países bálticos, que en el pasado habían mostrado con contundencia su”no” ante esta iniciativa, no han hecho ninguna declaración a la entrada a la reunión. La primera vez que España solicitó este reconocimiento fue en septiembre de 2023. Desde entonces, no se habían producido apenas progresos.

Pero en estos últimos meses España ha puesto toda la carne en el asador para convencer a los más reticentes. De hecho ha conseguido que ningún país vaya a la reunión anunciado su veto. De hecho, en su última propuesta enviada a finales de la semana pasada, España ofrece un reconocimiento en dos fases. A partir de 2027, tan solo se traducirían a estas lenguas los reglamentos del Consejo y de la Eurocámara y se dejaría para un periodo posterior, cuatro años después, la traducción de todos los textos legislativos. Esto aliviaría a corto plazo la gran carga administrativa y económica.