La Audiencia de Sevilla ya tiene el camino despejado para llevar a la Justicia europea las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anularon las condenas por el fraude los ERE, entre otros a los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Con el plazo para presentar alegaciones concluido hoy, el tribunal puede decidir si eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que este determine si, como barrunta, esas resoluciones pueden ir en contra del derecho comunitario en lo que respecta a la lucha contra el desvío de fondos públicos y la corrupción política.

Si finalmente da ese paso, lo hará con la opinión contraria de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha pronunciado en contra de abrir esa vía porque sostiene que las dudas sobre esa compatibilidad con el derecho europeo pueden resolverse sin necesidad de acudir al TJUE. Para el Ministerio Público, las sentencias del TC no violentan la normativa comunitaria porque entiende que la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, que avaló las condenas, vulneraron la legalidad penal respecto a la aplicación de los delitos de prevaricación y malversación.

En caso de que la Audiencia de Sevilla decida acudir al TJUE, dejaría sin objeto –al menos en lo que respecta a este caso– el debate que tiene previsto abordar el TC en el pleno de la próxima semana sobre el «planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias» dictadas por el Constitucional y su repercusión en «el deber de velar por el cumplimiento efectivo» de las resoluciones de la corte de garantías. Un asunto que ha llevado al Pleno el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para quien si el tribunal de los ERE acude a la Justicia europea –dejando sin aplicar sus sentencias dictadas hace ya nueve meses– pone en peligro el ejercicio de la jurisdicción del tribunal.

La posibilidad de que el TC intente disuadir a la Audiencia de Sevilla ha puesto en alerta a varios magistrados, que consideran que con esa actitud estaría situándose al margen del Derecho de la Unión Europea y comprometiendo la independencia judicial como pilar básico del Estado de Derecho. Así lo pone de manifiesto un informe realizado por un letrado del TC respaldado por el magistrado César Tolosa que ya ha sido distribuido a sus compañeros.

"No está justificado"

Fuentes del TC discrepantes con la decisión de Conde-Pumpido de pedir explicaciones a la Audiencia de Sevilla –reclamándole la providencia en la que abrió la puerta al planteamiento de esa cuestión prejudicial– aseguran a LA RAZÓN que llevar este asunto al Pleno «no está justificado» porque la jurisdicción «no está en riesgo en absoluto». Incluso consideran que haberse inmiscuido en la decisión de la Audiencia de Sevilla –reclamándole información– «va en contra del derecho comunitario» por que supone «adoptar una iniciativa que puede suponer un intento de persuadir» al tribunal para cercenar esa vía europea amparada por el derecho de la Unión Europea.

A expensas de cuándo deshoja la margarita el tribunal de los ERE –todo apunta a que lo hará antes de que el Pleno del Tribunal Constitucional se celebre– la Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado su disconformidad con esa posibilidad, al sostener que esas posibles dudas sobre la adecuación de las sentencias del TC con el derecho de la UE «pueden ser resueltas por el propio tribunal» sin apreciar «incompatibilidad con la normativa comunitaria».

La Fiscalía, en contra

La primacía del derecho de la UE, argumentan los fiscales de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, «no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal» (que según el TC la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, que avaló la sentencia, infringió en relación a la aplicación a los condenados de los dos delitos citados).

Anticorrupción asegura en sus alegaciones que la interpretación que hizo el TC de los delitos de prevaricación y malversación «se inserta en un ámbito de control de la prohibición de realizar interpretaciones extensivas» en contra del principio de legalidad. La corte de garantías, pone de relieve, «no se extralimita al anular una resolución judicial» por considerar que incurre en una «aplicación extensiva» de un delito en perjuicio de los condenados.

Y defiende que, en contra de lo que mantiene la Audiencia de Sevilla, el TC no ha llevado a cabo «una interpretación alternativa» de los delitos de prevaricación y malversación –que según el tribunal de los ERE deja impune la fase preparatoria de los presupuestos, en este caso de la Junta de Andalucía al regular las ayudas sociolaborales–. Los hechos por los que se impusieron las condenas, afirma, «no produjeron afectación a los intereses» de la UE.