Terrorismo

Las víctimas quieren que se identifique a toda la cúpula de ETA detrás del atentado de la T-4

Dignidad y Justicia reclama que la investigación continúe seis meses más e insta a desenmascarar a los inductores de la acción criminal dentro o fuera de ETA

Atentado de la T-4 de Barajas, el 30 de diciembre de 2006
El atentado de ETA en la T-4 de Barajas supuso el fin de la tregua declarada por la banda terrorista meses anteslarazonLa Razón

Dignidad y Justicia (DyJ) quiere que la Audiencia Nacional ponga nombres y apellidos a los integrantes de la cúpula de ETA cuando la banda terrorista cometió el atentado en la terminal T-4 de Barajas en diciembre de 2006, una acción criminal en la que fallecieron dos personas y que supuso el fin de la tregua decretada meses antes por la organización terrorista.

En el escrito en el que solicitan al magistrado Francisco de Jorge que prorrogue seis meses más la investigación (el plazo de instrucción concluye el próximo día 29), la acusación popular -al igual que la Fundación Villacisneros- justifica la medida en que dos de los cuatro exjefes de ETA investigados -José Antonio Urruticoechea, "Josu Ternera", y Ainhoa Ozaeta, ambos en Francia- están pendientes de declarar (el juez pidió permiso al país vecino para interrogarles en enero de 2024, pero esa solicitud sigue encallada a día de hoy).

Además, insta al instructor a que se pronuncie sobre la solicitud de que el exjefe "militar" de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu, "Txeroki" sea citado a declarar como querellado (que aunque fue procesado por estos hechos en 2008, no lo fue por supuesta autoría mediata, una comisión por omisión que es la que ahora DyJ pretende que se le impute). "Txeroki", junto con los cuatro investigados -sostiene- tenían el dominio del hecho como máximos responsables de ETA en el momento del atentado, lo que más allá de que dieran o no la orden, les haría responsables penalmente por no haberlo impedido.

Esos interrogatorios y la decisión del juez sobre la batería de diligencias solicitadas por la acusación en junio del pasado año hacen que anticipe que "no será posible finalizar la investigación en el plazo ordinario".

"Toda la estructura de mando"

La asociación que preside Daniel Portero insiste en que De Jorge ordene a Policía y Guardia Civil la elaboración de un informe que detalle "nombre a nombre" la identidad de los integrantes "de toda la estructura de mando" de ETA, tanto la "intermedia" (lugartenientes, etc.) como la "superior" de la propia Zuba o Comité Ejecutivo durante el último trimestre de 2006.

El magistrado de la Audiencia Nacional investiga a "Josu Ternera", Ozaeta, Mikel Carrera Sarobe, "Ata", y al exjefe "militar" de la banda terrorista, Aitzol Iriondo (quien el pasado marzo se negó a declarar esgrimiendo que Francia no autorizó su entrega por estos hechos), por su supuesta responsabilidad en el atentado de la T-4. Y es que, argumenta, una acción criminal de esa envergadura y con repercusiones de tanto calado (el fin de la tregua) no pudo decidirla el "comando" encargado de ejecutarla, sino que la orden debió partir directamente de la dirección de ETA.

La investigación policial sitúa en las fechas del atentado a Aitzol Iriondo a cargo del "aparato militar", mientras que "Ata" era el responsable del "aparato logístico", "Josu Ternera" del área "política" y "Kuraia" estaba al frente del "aparato de tesorería".

No obstante, la abogada de DyJ, Vanessa Santiago, quiere que Policía y Guardia Civil sitúen en a los cuatro investigados en los "aparatos" y "subaparatos" en los que estaban encuadrados, "Con especial interés en los aparatos militar, político y logístico" y los miembros que los componían.

Respuesta a "incumplimientos del Gobierno"

Específicamente, reclama "toda la documentación e indicios que hubiesen podido desprenderse" en relación a este atentado -en el que fueron asesinados Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate- tras la detención en mayo de 2008 del entonces jefe de ETA Francisco Javier López Peña, "Thierry", y que se precise "la implicación de los dirigentes de ETA".

En esa misma línea, solicita que se aporten todos los indicios que apunten a que el atentado en la T-4 "fue considerado precisamente por la propia Zuba como la forma de respuesta elegida a supuestos incumplimientos del Gobierno de España", entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Las acusaciones populares pretenden arrojar luz sobre "la comunicación interna" en ETA referida a este atentado y en relación al carácter "intercambiable" de los miembros de ETA dentro de la organización (se refieren expresamente al "Manual interno de comandos" y al "Decálogo del militante de ETA") para acreditar que, más allá de los autores materiales, lo determinante era quién daba las órdenes, puesto que los etarras asumían "los postulados de la organización".

Entre los extremos sobre los que DyJ y la Fundación Villacisneros quieren poner el foco están igualmente el modus operandi de los "mecanismos internos de dirección" de ETA, la toma de decisiones en su cúpula y los "criterios de adjudicación de armas y materiales" a los distintos "comandos", así como del funcionamiento logístico interno "en todo lo tocante a los materiales explosivos".

Seleccionaban los objetivos

Un paso más allá, el escrito incide en recabar la información que pueda ayudar a esclarecer la identificación de presuntos cómplices, encubridores, cooperadores necesarios o inductores "con total independencia" de que estos últimos "pudiesen estar, o no, integrados en ETA al momento de los hechos".

En la sentencia que en 2012 condenó a los etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián a 1.040 años de cárcel por este atentado se atribuye a la Zuba una "implicación directa" en la decisión de colocar un coche bomba en el aeropuerto de Barajas, dejando claro que fue la dirección etarra la que facilitó al "comando" la furgoneta-bomba que los etarras hicieron estallar en el parking.

Al admitir la denuncia de DyJ, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal expuso que los cuatro querellados, dada su posición en la cúspide de ETA, se encargaban de "decidir", "coordinar" y "seleccionar" los objetivos, de "entregar el material necesario para atentar" y de "dar la orden expresa de llevar a cabo la acción criminal". En esa misma línea, Dignidad y Justicia puso de relieve en su denuncia que "la trascendencia política" del atentado hacía "imposible" que la decisión de ejecutarlo se adoptase al margen de la Zuba.