Vox pide la derogación de la Ley de Memoria Histórica por cuestionar al Rey y abrir "viejas heridas"

El partido pide conocer si existe alguna estimación del coste para el erario público del cambio de nombres en calles, plazas y espacios públicos

Vox presentó este lunes en el Congreso una iniciativa para que se derogue la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, por entender que reabre "viejas heridas"y viene "cuestionar la legitimidad de la Monarquía"con su interpretación de lo sucedido en España durante el franquismo y la Transición.

La formación que lidera Santiago Abascal plasmó su iniciativa contra esta norma en una proposición de ley, que este partido complementó con una batería de preguntas dirigidas al Gobierno. Pretende conocer, por ejemplo, si miembros de las bandas terroristas de ETA y el Grapo han recibido ayudas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

La proposición de Vox fue dada a conocer en rueda de prensa en la Cámara Baja por el portavoz de este partido, Iván Espinosa de los Monteros, junto a los diputados Joaquín Robles y José María Figaredo, quienes denunciaron que la ley que piden derogar lo que hace es señalar a "buenos y malos"en la historia de España y obliga a toda la sociedad "a comulgar con esa interpretación".

Además, este partido entiende que la norma aprobada en 2007 "quiere socavar la legitimidad de la Monarquía parlamentaria", al hacer una interpretación cuestionable de lo sucedido a la muerte de Franco, cuando se inició la Transición a la democracia que se plasmó en la Constitución de 1978

COSTE DEL CAMBIO DE CALLES

Asimismo, el diputado Figaredo señaló que la ley que piden anular "consagra a las Brigadas Internacionales, al Cuerpo de Carabineros o a los combatientes guerrilleros", cuando, a juicio de Vox, estas organizaciones o colectivos tuvieron "una actuación más que discutible"durante la Segunda República y la Guerra Civil.

En cuanto a la batería de preguntas preguntada por Vox junto a la proposición de ley, en la misma este partido pide conocer aspectos cómo si entre los beneficiarios de la ley de 2017 hay miembros de las "bandas terroristas como ETA, Grapo, FRAP u otras".

Otras preguntas se interesan sobre "cuántas calles, plazas o lugares públicos han sido rebautizados"por la normativa que promovió el presidente José Luis Rodríguez Zapatero; "qué coste ha implicado para las arcas públicas el mero cambio de dichos nombres"; o si "existe alguna estimación del coste indirecto que implica para la sociedad dicho cambio de nombres".