Zapata no quiere sentarse en el banquillo

El concejal de Ahora Madrid pide a la Audiencia Nacional situarse junto a su abogado durante el juicio y declarar al final de la vista oral

Un juicio a la medida. El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata no quiere sentarse en el banquillo en la vista oral que tendrá que afrontar en la Audiencia Nacional por un tuit de 2011 («han tenido que cerrar el cementerio de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos») por el que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) reclama para él una condena de un año y ocho meses de prisión como autor de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. La defensa del edil del Ayuntamiento de Madrid –a quien la Fiscalía no acusa– ha solicitado a la Audiencia que Zapata no se siente durante el juicio en el lugar reservado a los procesados, frente al tribunal, sino en estrados, junto a su abogado. Y no sólo eso. También pide a la Sala no declarar al comienzo de la vista, como es habitual, sino al final de la misma, «una vez abierto el turno de defensa».

Los abogados del concejal del equipo de Gobierno de Manuela Carmena, Daniel Amelang y Eduardo Gómez Cuadrado, remiten el escrito de defensa –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– al juez instructor, Santiago Pedraz, que a regañadientes ha tenido que llevar a juicio al edil, pese a no apreciar delito alguno en su conducta (que atribuyó al humor negro), por orden de la Sala de lo Penal, que le obligó por tres veces a reabrir la causa. Pero serán los magistrados de la Sección Tercera Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado los encargados de juzgar a Zapata y de resolver, por tanto, sobre ambas peticiones, que según fuentes jurídicas no tienen visos de prosperar.

La defensa del concejal del distrito de Carabanchel (dimitió como responsable de Cultura a raíz de su procesamiento en esta causa) justifica su petición de que Zapata no se siente en el banquillo, sino junto a su abogado, para «facilitar la comunicación constante entre ambos durante la vista oral». Ninguna norma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), asegura, «determina que la disposición de los acusados en la sala de justicia sea la indicada» y recuerda que la Ley del Jurado, en su artículo 42,2, prevé que el acusado esté situado «de modo que sea posible su inmediata comunicación» con su letrado. «Nada impide», añaden sus abogados, que las normas previstas en esta normativa se hagan extensible «a toda clase de procedimientos penales».

En cuanto a su interés en que el concejal de Ahora Madrid no declare al comienzo de la vista, como es práctica habitual, su defensa señala que la Lecrim faculta al presidente del tribunal, en este caso el magistrado Alfonso Guevara, a alterar el orden previsto «a instancia de parte, y aun de oficio, cuando así lo considere conveniente». La defensa de Zapata recuerda que en la mayoría de países de nuestro entorno el acusado declara «al final de la vista» y así se prevé en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar su derecho a la presunción de inocencia y dar la oportunidad al acusado de ofrecer «una versión alternativa a la que, a través de la prueba de cargo, haya expuesto previamente la acusación». Por lo tanto, concluye, Zapata debería declarar «una vez abierto el turno de la defensa, en el momento que ésta decida y exclusivamente a su propia instancia».

«Sana práctica democrática»

En su escrito de acusación, la abogada de Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, asegura que, con su comentario, Zapata «humilló y vejó» a las víctimas del terrorismo. Además de esa pena de 20 meses de prisión, la asociación que preside Daniel Portero reclama al tribunal que imponga al edil una pena de inhabilitación absoluta durante siete años y otra de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de su condena. Además, solicita a la Audiencia que inste a la Guardia Civil a realizar un informe sobre el contexto en el que el edil escribió ese tuit. Y es que los abogados de Zapata lo sitúan en el marco de la «sana práctica democrática del debate público» sobre los «límites del humor negro» generado a raíz del despido del cineasta Nacho Vigalondo del diario «El País» por un «comentario irónico» en relación al Holocausto, por lo que lo amparan en el derecho fundamental a la libertad de expresión.

En su escrito, la defensa de Zapata pide su absolución y niega, en todo caso, la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle, esgrimiendo los argumentos del magistrado José Ricardo de Prada, que se opuso a que el concejal fuese a juicio por sus comentarios en Twitter. «Son muchas las víctimas del terrorismo que no se han sentido ofendidas» por ese tuit, subrayan los letrados, «como la propia Irene Villa». Zapata, insisten, «siembre ha sido firme y tajante en su condena del terrorismo».