Cuando todo es acoso

Lo ocurrido con el concejal de Más Madrid, Pablo Soto, que ha renunciado a su acta tras haber sido acusado de acoso sexual por una militante de la misma formación, es mi sainete favorito de la semana.

Soto, con una discapacidad considerable que le mantiene en silla de ruedas por una enfermedad degenerativa y por la que, en ocasiones, precisa incluso asistencia para ir, por ejemplo, al baño, ni siquiera es consciente de lo que ocurrió, como así ha manifestado en un comunicado publicado en sus redes sociales. Le han dicho, le han contado, le han explicado que parece ser que un día pidió a una persona que le acompañara al baño y allí podría haberle dicho algo que la incomodó. Unos días después, coincidieron ambos en una reunión y eso la hizo sentir de nuevo acosada. Tras tener conocimiento de tan espeluznantes hechos, la directiva del grupo municipal activa el protocolo antiacoso, le encarga un informe a una experta (esta inconcreción me fascina) y ésta determina la veracidad y gravedad de los hechos. Se obliga al concejal a dimitir y se le insta a guardar silencio al respecto. Cuando el concejal hace público un comunicado, el grupo municipal manifiesta que no coincide en absoluto con los hechos a los que ellos dan credibilidad y, además, se le critica que no haya guardado silencio. Fascinante.

A mí así, a bote pronto y en un párrafo, me da la sensación de que Más Madrid se ha pasado por el arco de triunfo tres artículos, como mínimo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

El 3.1.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Decla- ración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

A Soto, por el mero hecho de ser hombre, se le ha dado menos credibilidad es sus declaraciones que a la mujer que ha manifestado sentirse acosada por él, y a la que la formación “progresista y feminista” ha dado total credibilidad (pese a que Pablo Soto se declara incapaz incluso de reconocerla).

El 11.1.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Soto ha sido acusado de un delito y, sin derecho a réplica o defensa, ha visto vapuleada su presunción de inocencia. Es más, no solo se le ha declarado culpable en sumarísimo juicio, sino que se ha dictado castigo y se le ha despojado de su acta de concejal.

El 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Al ya exconcejal de Más Madrid se le exigió que no se pronunciara al respecto, que no diera su versión de los hechos. Es decir, se le ordenó renunciar a su libertad de expresión.

Llamadme tiquismiquis, pero a mí esto no me da ninguna tranquilidad.

Incluso comprando la tesis de que Soto hubiera sido un maleducado, grosero, impertinente y baboso, al que en una situación tan delicada como que una compañera de partido le tenga que ayudar a acudir al baño no se le ocurre otra cosa que hacerle una bromita sexual totalmente fuera de lugar e incómoda, todo esto me parece desproporcionado. Como poco. Lo más fácil hubiera sido que esa señorita ofendida hubiera resuelto ella misma la situación, que se hubiera agachado, a la altura de la silla de ruedas, y le hubiera dicho cara a cara a este señor que se estaba comportando como un gilipollas. Y que no la incomodase más. Porque, seamos serios, aun presumiendo a Pablo Soto el más alto nivel de inconveniencia y zafiedad, un hombre de 45 kilos en una silla de ruedas que precisa asistencia para miccionar no parece suponer, así a simple vista, un peligro real para una mujer adulta con su psicomotricidad intacta. Y, hasta donde yo sé, la insolencia y la desconsideración no son un delito. Como no puede serlo coincidir unos días después en una sala de reuniones. Por mucho que ella, como así ha manifestado, se haya sentido acosada por el simple hecho de coincidir en una sala.

¿Pretendemos que se legisle en base a la especial sensibilidad y sentir de cada uno de nosotros?¿Hasta ese demencial punto de emocionalidad pacata, llorica y demandante de tutela estamos llegando? Con estas actitudes lo único que vamos a lograr es igualar a la baja, conseguir que todo tipo de acoso o abuso se vea desprovisto de gradación. Que el piropo torpe de un albañil nos suponga el mismo trauma irreparable que la más abyecta, violenta y traumática de las violaciones. Estamos banalizando el mal, trivializando los abusos, a base de insensatez e irresponsabilidad.

Y una fuerza política que se declara feminista no debería permitirlo. Debería, por responsabilidad social, plantarse y exigir seriedad. Aunque solo fuera por vergüenza torera y por respeto a los que de verdad sufren abusos y acoso. Y el primero, el propio Soto, que, con sus disculpas ante un hecho que ni recuerda y del que nadie le ha informado con detalle, sigue alimentando al monstruo incluso después de haber sido devorado por él. Vaya panda.