Un abogado ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Ourense a seis meses de prisión, inhabilitación profesional y al pago de 5.595 euros en concepto de indemnización, tras fingir que estaba tramitando un recurso judicial que nunca llegó a presentar. La sentencia, dictada por la Sección Segunda del tribunal, considera probado que el letrado actuó con ánimo de lucro y engañó deliberadamente a su clienta durante meses.

La mujer había contratado sus servicios para recurrir una resolución judicial que revocaba una sentencia favorable sobre su incapacidad laboral. Aunque el letrado anunció formalmente la intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, nunca lo hizo. Aun así, durante meses continuó exigiendo pagos bajo el pretexto de cubrir trámites judiciales inexistentes.

Entre mayo y octubre de 2018, el acusado cobró diversas cantidades -1.500, 1.495 y 1.525 euros- bajo conceptos como provisión de fondos, tasas judiciales o segunda fase del recurso.

Según recoge la sentencia, incluso después de que el recurso fuera declarado desierto por inactividad, el abogado seguía solicitando dinero. También cobró 900 euros por un supuesto informe pericial que no podía presentarse en esa fase del procedimiento y retuvo dinero destinado al pago de una procuradora, quien acabó reclamándolo judicialmente a la víctima.

El tribunal concluye que estos hechos configuran claramente un delito de estafa, con un engaño “bastante” para provocar error, inducir a la clienta a realizar actos de disposición patrimonial y causar un perjuicio económico directo. Además, descarta que existiera acuerdo de compensación por otras deudas o que la clienta hubiera renunciado al recurso, como alegó sin pruebas el acusado.

La Audiencia también considera que se produjeron dilaciones indebidas en la tramitación del proceso -la denuncia se presentó en 2020 y el juicio no se celebró hasta 2025-, lo que ha sido tenido en cuenta como circunstancia atenuante a la hora de fijar la pena.

La condena incluye la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía durante el tiempo de la condena y el abono de intereses legales sobre la indemnización. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.