Galicia y Bretaña han decidido hacer piña en la defensa de su industria pesquera. Los dos grandes titanes de la pesca en la Unión Europea han intensificado su colaboración para plantar cara a las políticas de Bruselas, que según denuncian, asfixian al sector con normativas que no tienen en cuenta la realidad del mar. En un encuentro celebrado en Vigo, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y el vicepresidente de Mar y Litoral de la región francesa, Daniel Cueff, se comprometieron a seguir una estrategia común para exigir cambios en la Política Pesquera Común (PPC) y defender el futuro de sus flotas.

Durante la reunión, Villares dejó claro que Galicia apuesta por un modelo de pesca sostenible, pero basado en el conocimiento científico y en el equilibrio socioeconómico. Destacó la Estratexia da Economía Azul, con la que la comunidad aspira a convertirse en un referente internacional en la gestión del medio marino, movilizando 144 millones de euros para proteger, conservar y recuperar las rías y la biodiversidad costera. "Somos líderes en el sector pesquero con un valor añadido bruto 25 veces superior al de la UE y más de seis veces superior al de España", subrayó el conselleiro.

Uno de los puntos más críticos del encuentro fue la necesidad de reformar la actual PPC, que según Villares y Cueff, no está cumpliendo sus objetivos y necesita una actualización urgente. Ambos dirigentes coincidieron en que la nueva política debe garantizar la cohesión social y económica en el sector pesquero, así como una regulación equitativa tanto dentro como fuera de la UE. Además, pidieron revisar criterios como la asignación de cuotas de pesca y la aplicación del deber de desembarque, para adaptarlos a la realidad de cada pesquería.

El veto a la pesca de fondo fue otro de los asuntos candentes. Villares recordó que la prohibición impuesta por la Comisión Europea en 87 áreas, que afecta a más de 16.400 kilómetros cuadrados, ha golpeado de lleno a la flota gallega, así como a las de Asturias, Cantabria, el País Vasco y Andalucía. "Es un ataque injustificado y arbitrario, sin aval científico y sin medir el impacto en el sector", denunció el conselleiro. Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) cifró en 150.000 euros anuales las pérdidas por barco para los palangreros gallegos, con una merma global de 27 millones de euros en facturación. Además, la amenaza del Plan de Acción para proteger los ecosistemas marinos, que prevé prohibir la pesca de arrastre en el 30% de las aguas de la UE para 2030, preocupa a ambas regiones.

Otro de los puntos que unieron a Galicia y Bretaña fue la descarbonización de la flota. Villares y Cueff coincidieron en que la transición ecológica debe hacerse de manera justa y con un coste asumible para el sector. En este sentido, el conselleiro rechazó la eliminación del combustible bonificado para los barcos, ya que considera que pondría en riesgo la rentabilidad y la supervivencia de la pesca gallega, que se distingue por ser responsable y sostenible.

La delegación bretona aprovechó su visita a Galicia para conocer de primera mano el funcionamiento del Puerto de Vigo, donde asistieron a la subasta de pescado en la Lonja y descubrieron el modelo de gestión de la terminal olívica.

Con 100 puertos y 1.270 buques en los que trabajan 4.800 pescadores, Bretaña es una de las potencias pesqueras de Francia, desembarcando 140.000 toneladas de pescado fresco al año. Además, es líder en el cultivo de mejillones y ocupa el segundo puesto en la producción de ostras. Su presupuesto dentro del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) 2021-2027 supera los 58 millones de euros, mientras que Galicia recibe 366,2 millones, el 40% del total español.