El debate sobre la reducción de la jornada laboral volverá al Congreso con un giro inesperado. Apenas unas semanas después de que el pleno de la Cámara rechazase la propuesta del Gobierno para rebajar la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, el nacionalismo gallego irrumpe con una alternativa incluso más ambiciosa: una jornada de 35 horas semanales como paso intermedio hacia las 32 horas y cuatro días de trabajo a la semana.

La iniciativa, impulsada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y respaldada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), será debatida el próximo 14 de octubre en el pleno del Congreso. El diputado del BNG, Néstor Rego, y el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, presentaron la propuesta en una comparecencia conjunta en la que reivindicaron la medida como un “avance social innegable” frente al actual marco laboral.

“Esta es una oportunidad histórica para situar en el centro del debate político la mejora real de las condiciones de vida de la clase trabajadora”, aseguró Rego. Según el parlamentario, la reducción de jornada “no es sólo una demanda sindical y social, sino una medida de sentido común en un contexto en el que los avances tecnológicos permiten producir más en menos tiempo”.

En cualquier caso, el trasfondo añade un elemento de sorpresa: la propuesta del nacionalismo gallego llega en un momento en que la reforma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha quedado en vía muerta.

Aquella iniciativa, aprobada en mayo de 2025 por el Consejo de Ministros y negociada con los sindicatos mayoritarios, no superó la votación en el Congreso el pasado septiembre y, por tanto, la jornada laboral máxima legal en España sigue siendo de 40 horas semanales. Cualquier modificación exigirá, de nuevo, un proceso legislativo completo.

Frente a ese fracaso, el BNG y la CIG ponen ahora sobre la mesa una propuesta que califican de “valiente y transformadora”. Según Carril, el 14 de octubre servirá para comprobar “quién apoya realmente a las trabajadoras y quién continúa defendiendo los intereses de la patronal”. El líder sindical defendió la reducción de jornada como “una herramienta fundamental para repartir el empleo, combatir el desempleo estructural y frenar la emigración de la juventud gallega por falta de oportunidades”.

La proposición de ley contempla la reducción legal de la jornada a 35 horas, el refuerzo del control de las horas extraordinarias, la obligación de garantizar al menos 20 horas semanales en los contratos a tiempo parcial y el límite del 15% de este tipo de contratos en el conjunto de cada plantilla.

Además, plantea la revalorización de los salarios vinculados al empleo parcial y la eliminación de la normativa que permite a las empresas imponer unilateralmente una distribución irregular del 10% de la jornada.

Tanto el BNG como la CIG subrayan que los precedentes internacionales respaldan su propuesta. Alemania, Francia o Islandia han demostrado —afirman— que reducir las horas de trabajo no significa perder productividad, sino todo lo contrario: “Se produce más y mejor, al tiempo que se gana en salud laboral, conciliación y motivación de los equipos”.