Galicia asumirá esta semana el control de su litoral tras cerrar con el Gobierno central un histórico traspaso de competencias que llevaba años en el cajón. Será este miércoles, en Santiago de Compostela, cuando se formalice el acuerdo entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se trata de la primera transferencia de competencias a la comunidad en casi 17 años.

El acto pondrá fin a una larga negociación entre ambas administraciones, centrada especialmente en la cesión de medios materiales y humanos. Al fin, Galicia ha conseguido que el traspaso se materialice “en condiciones análogas” a las de otras comunidades como el País Vasco, según han confirmado tanto la Xunta como el Gobierno central.

La firma se hará oficial tras la celebración de una comisión mixta entre las dos administraciones. Una vez sellado el acuerdo y publicado en los respectivos boletines oficiales, Galicia pasará a tener las competencias para regular los usos y actividades en su costa, incluyendo la ubicación de empresas y viviendas, así como la concesión y prórroga de autorizaciones en dominio público marítimo-terrestre.

La transferencia se produce casi tres años después de que la Xunta solicitase formalmente esta competencia. En ese tiempo, el Ejecutivo gallego aprobó su propia ley del litoral, que fue recurrida por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el alto tribunal avaló la norma y dio la razón al ejecutivo gallego, lo que supuso un espaldarazo político para el gobierno autonómico y allanó el camino para cerrar el acuerdo.

La última vez que Galicia recibió un paquete competencial fue en 2008, bajo el mandato del bipartito formado por PSdeG y BNG. Entonces se transfirieron asuntos como la conservación del Parque Nacional de las Illas Atlánticas o la homologación de títulos extranjeros no universitarios.

Rueda dejó claro que Galicia no se conformará con la gestión del litoral y ha situado en el centro del debate nuevas reivindicaciones, como la transferencia de la AP-9 y de las competencias meteorológicas. De hecho, el Gobierno autonómico trabaja ya en una ley para asumir la gestión de alertas meteorológicas, que espera tener lista este verano.