Los hosteleros piden al gobierno la realización de test a todos los profesionales del sector, alargar los ERTEs y la posibilidad de revisar los alquileres

Un grupo de más de 130 hosteleros de Madrid, Barcelona y Zaragoza (y siguen subiendo), que representan a más de 370 locales y emplean a 3.129 trabajadores, entre los que se se encuentran el Grupo Larrumba, Grupo el Paragüas, Pastelerías Mallorca (Madrid), Grupo Verbena (Ginger/Garbo/Gonzo), Grupo Marengoy, Grupo los Cabezudos (Zaragoza) o Restaurant B-ONE Palau del Mar, de Michele Bertoluzzi (Barcelona), han querido expresar su profunda indignación por las medidas anunciadas por el ejecutivo. Destacan a través de un comunicado que ninguno de ellos ha sido consultado acerca de su opinión respecto a las medidas propuestas: “Consideramos que en un sector tan debilitado como el nuestro, es imprescindible que la administración escuche nuestras propuestas para poder tomar decisiones sensatas y razonables que contribuyan a crear un clima de confianza que logre la reactivación del sector”, dice el escrito en el que los hosteleros inciden en que el cierre de la hostelería por efectos del COVID-19 “nos afecta todos por igual, pero va a ser especialmente agresivo con aquellos que menos músculo financiero tienen. Es decir, establecimientos pequeños, con escasa solvencia, con dependencia de la rotación más que de los márgenes, locales de superficie escasa, de alquiler y con necesidad de gran afluencia para obtener beneficios”.

Asimismo, la reducción de aforo o las inversiones de las que se habla, y que en tantos casos parecen ridículas –toma de temperatura, túnel de desinfectado, mamparas-, suponen condicionantes que bien en el lucro cesante –limitación del aforo- o en los costes que suponen, generarán una importante merma en la rentabilidad cuando no la desaparición de muchos negocios al no soportar la caída del rendimiento. O una inflexión fuerte en los precios.

Dicho esto, requieren al Gobierno para que se pronuncie respecto de la moratoria de los alquileres de los locales y que permita:

• Que los hosteleros sean reintegrados por la totalidad de los alquileres abonados a partir de la adopción del Estado de Alarma o que, subsidiariamente, en caso de que haya hosteleros que todavía no hubieran abonado estas cantidades se les declare exentos de cumplir tal obligación.
• Que la exención del pago de los alquileres se prolongue hasta la reapertura de los locales de negocio, aún cuando esta se produzca en una fecha posterior a la del final del Estado de Alarma.

En ocasiones extraordinarias devienen circunstancias que hacen que a una de las partes le sea especialmente oneroso el cumplimiento de su deber, desapareciendo o difuminándose la base objetiva y causal que dio en su día origen a la relación contractual. Es entonces cuando la afectada puede solicitar la aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» o «estando así las cosas»: es decir, cumplo mi obligación pactada mientras que las condiciones que dieron lugar al negocio jurídico –por ejemplo, a firmar un contrato de arrendamiento- no se alteren de manera excepcional y extraordinaria.

La pandemia es una circunstancia sobrevenida, externa e imprevisible y supone por sí misma una alteración de las obligaciones contractuales que no tiene por qué ser soportada por una sola de las partes; de lo contrario, se rompería el equilibrio contractual que la norma persigue.

Por todo lo anterior, proponemos que el gobierno favorezca que los arrendatarios de locales de negocio puedan proponer al arrendador una revisión de las condiciones mientras dure o haya durado la situación excepcional que se deriva de la declaración del Estado de Alarma. Y que esto se puede extender no sólo al arrendador de los locales, sino también a otros proveedores y suministradores.

Por otro lado, también pedimos que los ayuntamientos contribuyan a paliar la crisis que vive nuestro sector y que preparen baterías de medidas de carácter fiscal de carácter inmediato (como exención de tasas, IBI, ayudas directas al pago de alquiler…) y que trabajen para impedir la destrucción del tejido productivo.

Además, también demandamos que el gobierno nos garantice la posibilidad de continuar en las condiciones que garantiza la figura jurídica del «Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor» hasta que nuestro sector de señales de recuperación en el corto y medio plazo.

Por último, exigimos al gobierno que garantice y facilite la realización de tests de diagnóstico a todos los profesionales de este sector. Consideramos que la reincorporación de cientos de miles de profesionales del sector servicios a sus puestos de trabajo puede suponer un riesgo para la salud pública si antes no se asegura que dicha incorporación se realiza en condiciones óptimas de seguridad e higiene.

La Hostelería Española retomará su actividad cuando el Gobierno pueda asegurar que la reapertura no conllevará ningún riesgo añadido que contribuya a fomentar un rebrote del virus COVID-19. Aunque somos conscientes de la terrible situación que vive nuestro sector; Consideramos que sería imperdonable que el recobro de la "normalidad" tuviese como consecuencia un impacto negativo en la salud de nuestros trabajadores o de nuestros clientes.

En definitiva es evidente que la hostelería española no puede abrir en las condiciones que propone el gobierno y por ello queremos dejar claro que los hosteleros no abriremos nuestros locales de negocio hasta que las medidas que se adopten sean sensatas, razonables y eficientes, y por ende, contribuyan a la reconstrucción de un sector que aporta más del 7% del PIB de nuestro país.

Esperamos que la falta de consideración que ha mostrado el gobierno respecto de nuestra opinión sea enmendada en los próximos días pero hasta entonces queremos dejar claro que la hostelería española permanecerá cerrada.