Alejandro Sanz tendrá que pagar 5,4 millones a su representante

El Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid ha condenado hoy al cantautor a pagar 5,4 millones de euros por incumplimiento de contrato a la entidad que llevaba su representación artística, RLM, S.A. Rosa Lagarrigue propietaria y representante del cantante durante 25 años, le habría puesto una demanda en 2016 por incumplimiento de contrato.

La sentencia que se ha hecho pública hoy en Madrid dice: “En el juicio ordinario seguido a instancias de RLM, S.L. contra Gazul producciones (sociedad que pertenece indirectamente del cantautor) y Alejandro Sánchez Pizarro ante el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid, autos 1122/2016, en reclamación de 7.790.186,12 euros de principal por todos los conceptos, ha sido dictada Sentencia en fecha 9 de Septiembre de 2019, por la que se declara injustificada la resolución del contrato de representación artística que vinculaba a las partes de 30/9/14 considerando acreditado el incumplimiento doloso que se atribuye a la codemandada GAZUL, y se la condena a pagar a RLM, S.L, por diversos conceptos, incluido el lucro cesante, la cantidad total de 5.430.022,27 euros, más sus intereses y actualizaciones. El cantautor Alejandro Sanz ha sido declarado responsable subsidiario del pago de la condena.”

Al parecer, la ruptura se produjo en mayo de 2016 de manera unilateral, cuando el despacho de la representante recibió un escrito del administrador de Sanz en el que se le comunicaba que rompía el contrato que le unía a RLM. De esta forma, el cantautor ponía fin a una relación de 25 años, que en 2014 había renovado de forma oficial hasta el 2019. Lagarrigue, que ha trabajado para otros cantantes españoles como Malú, Raphael, Mecano o Miguel Bosé, ya declaró hace varios meses, cuando tuvo lugar la vista y dónde ambos se vieron las caras, que la demanda civil contra Sanz había sido una de las decisiones más desagradables de su carrera profesional pero que consideraba que tenía derecho a percibir la cantidad que reclamaba que ascendía a los 9 millones de euros.

El juzgado le ha dado la razón, pero la sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación.