Shakira: ¿27 millones para evitar la cárcel?

Los técnicos de Hacienda auguran un acuerdo por el que la artista colombiana sería condenada a 24 de meses de prisión por fraude fiscal

La cantante Shakira compareció ante el juez que la investiga por haber defraudado presuntamente a Hacienda 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 y aseguró que comenzó a residir en España a partir de 2015 y que actualmente no tiene ninguna deuda con la Hacienda pública. Sin embargo, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven “inevitable” que se alcance un acuerdo entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Shakira, por el que la artista colombiana sería condenada a 24 meses de cárcel y evitaría entrar en prisión (si no comete cualquier otro delito en ese período) al sustituir dos de las penas del Impuesto sobre el Patrimonio 2013 y 2014 por multas. En este sentido, se rebajarían las sanciones en casi 20 millones, hasta un total de 27 millones de euros.

Gestha se ha mostrado muy crítica con las “ventajas” de estos acuerdos, por lo que “pedirá a la Secretaría de Estado de Hacienda que dé instrucciones precisas a la Abogacía del Estado para que la oferta de negociación con la rebaja de dos grados de las penas de prisión en el entorno de los 24 meses incluya el esclarecimiento total de los hechos y de la participación de los colaboradores en la evasión tributaria, y se fijen unas multas que no sean más bajas que en el proceso administrativo, además del pago de las cuotas defraudadas denunciadas”. Los técnicos de Hacienda consideran que la reducción máxima de las multas no debería superar los 20 millones de euros para moverse al menos en el importe de lo que serían las sanciones mínimas del 65,6% por las infracciones tributarias muy graves y del 39,4% por la infracción tributaria grave de Patrimonio.

Según un comunicado de Gestha, los asesores de la cantante alcanzaron tres acuerdos en 2008, 2012 y 2013 con las autoridades fiscales de Luxemburgo, que produjeron una tributación fiscal del 2% de la renta bruta generada y permitieron que el 94% de las rentas fueran transferidas a sociedades o cuentas situadas en paraísos fiscales. El sindicato propondrá al nuevo Gobierno modificar la ley general tributaria para ampliar el plazo de prescripción administrativa desde los actuales cuatro años hasta los 10 años, para equipararla a la prescripción de los delitos fiscales agravados, “de forma que la Agencia Tributaria pueda perseguir las evasiones más sofisticadas y complejas”.

Igualmente, propondrá una modificación del Código Penal para “unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, sustituir la rebaja de grados por atenuantes para reconocer la comisión de los delitos y el pago de la multa en el plazo actual de dos meses desde la notificación de la investigación judicial, así como concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos”.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “las ventajas de los presuntos delincuentes fiscales en el proceso judicial es una de las causas del desplome de casi el 78% de las denuncias de delito fiscal por la Agencia Tributaria y del 64% de las cuotas defraudadas desde 2011, aunque deben despejarse otros obstáculos, como la falta de atribución de competencias a los técnicos de Hacienda y unos objetivos poco ambiciosos de lucha contra el fraude”.